Rolando recordó un caso que se hizo mediático, también tras una publicación suya en un canal local, cuando en febrero de 2014, una niña que por aquel entonces tenía 4 años fue robada. Siempre de acuerdo con el relato del periodista, la mamá hizo la denuncia y el caso pasó a la Fiscalía de Capiatá. Ni la Defensoría de la Niñez ni el Ministerio Publico impulsaron la investigación.
Recién en mayo de 2018, cuando llegó una información sobre el posible paradero de la niña y fue publicada, actuaron y la madre por fin pudo estar con su hija. O es lo que todos creíamos.
Rolando quiso saber cómo seguía el caso y comenzó a averiguar sobre el tema, haciendo el seguimiento del caso durante tres meses. Contactó con la madre y se enteró de que la niña continuaba en un hogar y que nunca volvió a su casa.
Pero no solo eso, recién después de seis meses de haber sido encontrada le permitieron a la madre visitar a su pequeña.
A pesar de que la mamá insistía ante la Justicia para que le retornen la custodia de su hija, la Justicia no atendió el pedido. A la par de eso, descubrió además que la Defensoría Pública solicitó al Juzgado un régimen de relacionamiento entre la niña y la pareja que la secuestró, lo cual fue aceptado, a pesar de que los acusados tenían prisión domiciliaria.
Rolando supo así que no solo la mamá la visitaba, sino también la pareja que la robó, con lo cual la niña sigue siendo violentada, pues continúa en contacto con sus captores.
Cuando estaba por publicar la situación, una jueza le prohibió hacerlo a través del medio de comunicación para el cual trabaja. Pero Rolando usó sus redes sociales para denunciar el caso y logró que tanto la Corte Suprema de Justicia como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados intervinieran el caso.
Según datos de El Surtidor, más de 1.000 niños, niñas y adolescentes están fuera de sus hogares de origen, en instituciones de abrigo. Agrega que el principal motivo es la pobreza.
El medio sostiene que quedan allí cuatro años en promedio, y algunos hasta 10 años, porque no se realiza a tiempo el trabajo de reintegrarlos con otras personas dentro del círculo familiar o su comunidad.
Casos como el de la niña de Capiatá, el de abuso de Paraguarí que terminó con la “condena” simbólica a un violador por ser un “Mitã’i porã” o el del permiso a un abusador de un niño de 4 años para ir a una boda en Cancún (México), refleja no solo la situación en que se encuentra la Justicia paraguaya, sino también la necesidad de que los jueces sean capacitados permanentemente sobre temas relacionados con la niñez.
Los encargados de impartir justicia tienen la obligación de velar por los intereses de los niños. Ya sea en materia de custodia o abuso infantil o sexual. Y deben hacer bien su trabajo, en vez de intentar callar denuncias sobre su mal desempeño.