El procurador general, Roberto Moreno Rodríguez Alcalá, afirmó que vienen trabajando un plan interinstitucional para recuperar las tierras malhabidas de la época de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
Dijo que la recuperación se basará en el informe que realizó en el 2008 la Comisión Verdad y Justicia.
El documento mencionado indica que unas 7 millones de hectáreas fueron adjudicadas con base en graves violaciones de la legislación agraria.
Moreno manifestó que para el trabajo tendrán la colaboración de la mencionada Comisión y del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
Se prevé una reunión la semana que viene para establecer un criterio común para encarar el tema y ver las lista de inmuebles recuperables.
“A ese informe le hace falta un acompañamiento jurídico, hay una serie de cuestiones que hay que analizar”, sostuvo, alegando que en este aspecto trabajarán.
Agregó que uno de los grandes problemas con que se enfrenta el Estado es la pérdida de todos los juicios que encara la Procuraduría.
Adelantó que actualmente existen unas 25 demandas que la institución inició y cuyos juicios se perderán este año representando sumas multimillonarias para el Estado.
No quiso adelantar el monto de la pérdida económica que significará esto, pero aclaró que el motivo tiene que ver con que las demandas fueron mal planteadas.
“No queremos empezar demandas y después perder, porque el problema es que la regulación de honorarios se hace sobre el valor real de las tierras”, indicó.
Explicó que un inmueble de 5.000 hectáreas ubicado en Santa Rita (Alto Paraná) vale hoy USD 20 millones, y si el Gobierno pierde la demanda para recuperarlo tiene que pagar USD 2 o 3 millones solo en regulación de honorarios.
“Tengo dos preocupaciones: una, recuperar tierras, y otra, que el remedio no sea peor que la enfermedad”, aclaró.
Dijo que tampoco descarta impulsar una ley especial que contemple cuestiones procesales y de fondo que permitan al Estado ganar las demandas, ya que el Código Civil establece que si un tercero compra el inmueble de buena fe, no se le puede sacar.
“Tenés algunos casos donde los que recibieron las tierras inventaron una sociedad y transfirieron, pero otros que vendieron 26 veces una propiedad. Bueno, esas demandas vamos a perder sí o sí”, sentenció el procurador.
Informe. El informe de la Comisión Verdad y Justicia, en su capítulo IV de Tierras Mal Habidas, presenta el resultado de la investigación sobre la adjudicación de tierra rural y los títulos de propiedad otorgados por organismos estatales responsables de la reforma agraria, desde los años 1954 a 1989 y desde 1989 a 2003.
De las 200.705 adjudicaciones examinadas, 4.241 lotes correspondientes a 3.336 adjudicatarios, que totalizan 7.851.295 hectáreas, han sido hechas con graves irregularidades de la legislación agraria.
Los beneficiarios. Entre los mayores beneficiados de las tierras, el documento de la Comisión de Verdad y Justicia menciona al ex presidente Alfredo Stroessner, al general Andrés Rodríguez, Blas N. Riquelme, Humberto Domínguez Dibb, Julio Domínguez, Conrado Pappalardo, Luis María Zubizarreta, José Alberto Planás y Lucio Vergara.