Economía

“Grandes obras deben financiar casas sociales y redes de alcantarillado”

El experto sostiene que las ciudades deben exigir una mayor contribución a los dueños de grandes edificaciones en altura y condominios, de modo a paliar los déficits en infraestructura.

Iván Lisboa

ilisboa@uhora.com.py

El investigador del Lincoln Institute of Land Policy y máster en estudios urbanos por la Universidad de Edimburgo, Carlos Morales-Schechinger, visitó nuestro país para disertar en el X Simposio de Catastros de Iberoamérica, que culminó el viernes pasado. En diálogo con ÚH, insistió en que las ciudades deben dejar la "pereza fiscal" y buscar nuevas fuentes de financiamiento para combatir las necesidades actuales en infraestructura.

–¿Cuál es la importancia del valor del suelo para financiar el desarrollo?

–Las ciudades son ricas por el valor del suelo y ese valor lo generan las ciudades con su infraestructura y sus planes urbanos. Actualmente, hay una gran demanda de servicios para la ciudad; entonces, esos incrementos del valor del suelo deben ser movilizados por la ciudad para que sean los que financien todas estas infraestructuras que necesitan los barrios.

–Es decir, ¿aportar más impuesto inmobiliario dependiendo de la valorización de la propiedad?

–A ver, esto tiene que ver con la equitativa distribución de costos y beneficios. Si tú tienes el beneficio de la valorización de tu propiedad, contribuye con los costos. Es una de las maneras de cómo las ciudades tienen financiamiento, y se vuelven independientes de los presupuestos generales. Pero no es el único instrumento.

–¿Cuáles serían los otros?

–Están, por ejemplo, la transferencia de potenciales de desarrollo o la contribución por obras. El otro instrumento, y que ahora mismo ya lo implementan países como Gran Bretaña, Francia o Brasil y Colombia en Latinoamérica, es que las grandes edificaciones, las grandes obras, financien las casas sociales, las redes de alcantarillado, las escuelas que se necesitan. Estoy sorprendido, por ejemplo, con lo que es hoy la avenida Santa Teresa.

–¿Por qué?

–Cuando vine al Paraguay hace unos años, Santa Teresa no era nada, pero ahora veo que explotó. ¿Y quién financió la avenida, el desagüe? La ciudad. ¿Y quién se benefició? El propietario. Entonces, a lo que voy es que cuando tú pidas una licencia para construir en altura, la ciudad debe decirte: "Mira, los pisos extras que estás pidiendo no son gratis, se los tienes que pagar a la ciudad". Ese dinero extra debe ir a un fondo, para financiar la infraestructura extra que se necesita y que ahora no se hacen porque no hay dinero. En eso entran el alcantarillado, las calles, escuelas y viviendas.

–El problema es que pagar más impuestos siempre genera resistencia.

–Va a haber resistencia para ese pago. Pero si tú como ciudad le das participación al contribuyente para controlar ese fondo, y si le garantizas que ese fondo se va a invertir en lo que el mismo propietario necesita en su barrio, repito, como alcantarillado, por ejemplo, el mismo propietario va a ser el beneficiado.

–¿Cuán importante considera que el cálculo para el impuesto inmobiliario migre del valor fiscal al valor de mercado?

–El impuesto debería calcularse sobre el 100% del valor de mercado, es lo ideal. Ahora, medir el mercado inmobiliario no es fácil. Otra cosa es la gestión de cobro del impuesto inmobiliario. Una generalidad es que los municipios entran en lo que se conoce como pereza fiscal. Como saben que el Gobierno Central les va a transferir el dinero que necesitan, no hacen el esfuerzo de recaudar más. Es más fácil tocar la puerta al presidente, que a 10.000 contribuyentes, a quienes los ves todos los días.

–¿Eso cómo se soluciona?

–El Gobierno debe empezar a poner condiciones. "Te voy a transferir el dinero que necesitas, siempre y cuando mejores tu cobranza local. Si veo que haces un esfuerzo, entonces te doy más".

–La tasa del impuesto inmobiliario continúa siendo del 1% del valor fiscal en Paraguay. ¿Considera que esta tasa debería subir?

–La tasa debería determinarse en función al gasto del Gobierno. Si hay muchos proyectos para hacer, las tasas deben ser más altas, si no los hay, las tasas pueden bajar. Es decir, las tasas deben estar determinadas por las prioridades de gasto público, por eso hablamos de que es una decisión política. La experiencia en otros países también dicen mucho, ver esas experiencias es otra alternativa.



Estado invertirá USD 678 millones en obras cloacales

De 2.800.000 habitantes de Asunción y área metropolitana, solo 300.000 tienen en condiciones sus redes de desechos cloacales, lo que significa que poco o nada se invirtió en este sector en los últimos años. Ahora el MOPC proyecta una inversión de más de USD 678 millones en saneamiento, ya que existe un sideral déficit con el crecimiento de la ciudad.

Es que, en los últimos años, Asunción registró un boom inmobiliario y las empresas desarrolladoras no acompañaron al sector público para ampliar las redes de los servicios básicos.

Ahora, el MOPC adjudicó las obras cloacales de las ciudades de Asunción y San Lorenzo. El proyecto se otorgó por USD 58 millones, financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Los trabajos se dividen en dos lotes y beneficiarán a 250.000 personas.

El lote 1 corresponde a los trabajos a ejecutarse en la capital del país y se adjudicó a Acciona Agua SA y BTD Proyectos 12 SA (España), por G. 174.447 millones. El lote 2 es para las obras de San Lorenzo y se adjudicó a TR Construcciones SA y DC Ingeniería por G. 156.032 millones.

Por otro lado, el MOPC definirá en breve la adjudicación de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Bella Vista, Asunción, en el Bañado Norte, cuyo costo estimado es de USD 20 millones, también a financiarse con fondos del BID. Actualmente, la cartera evalúa la oferta de nueve oferentes que se presentaron en la licitación.

Vale señalar que Obras Públicas también volverá a licitar el fracasado proyecto para la construcción de 1.800 km de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales para las cuencas de Lambaré, Luque y Mariano Roque Alonso, cuyo costo estimado es de USD 600 millones. El proyecto no prosperó bajo la Ley 5074 de llave en mano, pero volverán a licitarlo en breve con la misma modalidad.

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