Algunos medios decidieron hacer el desmentido porque, aunque para muchos la falsedad nos resulta obvia, una gran mayoría la consume como cierta.
La desinformación, también conocida como noticias falsas o fake news en redes sociales y sistemas de mensajería, es un problema muy grave que, a diferencia de varios países como Brasil, Uruguay o México, no es abordado en Paraguay como una acción encarada desde las instituciones del Estado.
El fenómeno no afecta solo la reputación de las personas o dificulta el relacionamiento, sino que se promueve principalmente por grupos de poder, políticos o religiosos, para frenar avances en derecho o políticas públicas.
Las ideas conspirativas tan fáciles de creer afectaron las campañas de vacunación en la pandemia y hasta el trabajo de los voluntarios que trabajaron en el último censo. Incluso retrasan los proyectos de cambio en educación, un área que atraviesa por serias carencias.
La desinformación se acentúa en tiempos electorales y Paraguay no se está preparando para el efecto. El escenario es preocupante y afecta visiblemente la convivencia, que hoy se desarrolla en gran medida en los grupos de WhatsApp y otras redes. Ya ni siquiera es posible mantener una conversación criteriosa o no emocional con quienes deciden creer lo falso.
La autoridad electoral en Brasil decidió tomar acción para evitar la desinformación en periodo electoral, que proviene de sectores políticos. El Tribunal Superior Electoral (TSE) se reunió por iniciativa propia con representantes de las compañías de internet, como Meta y Google, para llegar a acuerdos y combatir lo más posible las noticias falsas. De ese modo, las plataformas de redes sociales, como Facebook, Twitter y otros, tuvieron un máximo de dos horas para eliminar las publicaciones por una orden judicial, que alcanzó a usuarios que replicaron estos contenidos falsos o que crearon posteos similares.
Las internas en Paraguay se realizarán el 18 de diciembre y las generales, el 30 de abril, fechas ya muy cercanas; sin embargo, no hay ninguna sola discusión al respecto y mucho menos iniciativas del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) o el Congreso Nacional.
La desinformación afecta a las instituciones del Estado, a la Iglesia, a las organizaciones de lucha por derechos, a minorías vulnerables, a los niños, a todos. No se puede ignorar el problema, que comienza en internet y luego se convierte en real.
En el sector político solo se dan pronunciamientos sueltos, sin articulación ni plan alguno. Recientemente, en televisión, la senadora oficialista Blanca Ovelar se mostró preocupada por la situación. Dijo que existe demasiada desinformación en redes sociales y que la realidad ni se le acerca a lo que se difunde en internet, que más bien distrae de lo real a los usuarios.
La desinformación frena derechos y sin derechos no hay democracia. El Estado no puede seguir indiferente. Es momento de actuar.