El Fonacide fue creado a partir de un acuerdo logrado entre Paraguay y Brasil por los ex presidentes Fernando Lugo y Lula Da Silva. Parte importante de estos recursos fueron utilizados por el Gobierno Central, mientras que otra parte, por municipios y gobernaciones. Los primeros están relativamente controlados, son transparentes y son monitoreados por la ciudadanía. La mayoría de los programas financiados con este fondo están sujetos a evaluaciones y en todos los casos se cuentan con resultados cuantificados en indicadores.
Los segundos –transferidos a municipalidades y gobernaciones–, en cambio, son opacos y, si bien no existen evaluaciones, informes de la Contraloría y otros reportes, dan cuenta de su uso inadecuado y por fuera del marco legal. Es decir, además de un uso ineficiente, están manchados con corrupción. La Ley Orgánica Municipal, al sacar a los municipios del circuito de administración financiera con que cuenta el Gobierno Central, eliminó cualquier posibilidad de auditoría social y encareció las funciones de control, fiscalización y evaluación.
Es una pena que ninguna de las instituciones con competencia en el tema fuera capaz de actuar de manera rápida en todos estos años para impedir el desperdicio de recursos frente a las necesidades que tiene el país. El sistema judicial, salvo contadas excepciones, dejó impunes todo tipo de delitos. Techos que se caen lastimando a niños y niñas, alimentación escolar sobrefacturada, negocios entre políticos y funcionarios, tráfico de influencias son solo algunos de los problemas conocidos. Varios fueron detectados por informes oficiales, otros por denuncias de la prensa o de la ciudadanía. En ningún caso hubo una reacción oportuna y pertinente por parte de los operadores de justicia.
El Ministerio de Hacienda en todos estos años se limitó a transferir y pedir informes, con lo cual contribuyó con su inacción. No hay evaluaciones de los fondos, ni hubo iniciativas consistentes y sustanciales de cambio en las normas para mejorar el marco institucional, por ejemplo, intentando incorporar a los municipios en el sistema de administración financiera. El Congreso tampoco hizo nada porque sus integrantes no tienen interés en ponerles obstáculos a sus colegas intendentes y concejales, por ser correligionarios y porque hay una especie de circuito en el que se van construyendo cadenas de favores y a ninguno le conviene tirar la primera piedra.
Alrededor de estos fondos se construyó una institucionalidad para robar al Estado en la que muchas instituciones, autoridades y funcionarios son responsables. Con la negociación que se llevará a cabo, esperemos que se subsane esta situación y los negociadores pongan en primer lugar los intereses de la gente y no de los políticos.
Continuar entregando recursos a los gobiernos municipales y departamentales sin cambios sustanciales en la institucionalidad solo significará más recursos sin resultados.