El Ministerio Público no avanzó en la investigación de las facturas presentadas por la Gobernación del Departamento Central pese al contundente informe de la Auditoría del Poder Ejecutivo y la Secretaría Anticorrupción que confirma las irregularidades en el manejo de fondos por parte del cartista Hugo Javier González.
En setiembre, el auditor general del Poder Ejecutivo, Luis Cardozo, remitió el informe al Ministerio Público confirmando que hubo una serie de anomalías en el manejo de USD 1 millón que la Gobernación tenía a disposición para la reactivación económica.
Una de las observaciones es que la Gobernación de Central entregó dinero a una organización civil que no tenía capacidad técnica y financiera para hacer obras. Es decir más de G. 5.000 millones a la Fundación CIAP que ya recibió dinero en el 2019 y en el 2020 de parte de la gobernación y no supo rendir cuentas al respecto.
Las autoridades del Poder Ejecutivo señalan que se confirmaron que varias facturas presentadas fueron clonadas, tal como se dijo desde un principio, con la denuncia de los propietarios de negocios que vieron sus facturas con otros montos en la rendición de Hugo Javier, sin haber prestado servicio a la gobernación.
En cuanto a los fondos otorgados al Consejo Regional de Salud Departamental, el informe concluye que no se ha acreditado la documentación que habilite su funcionamiento, según lo establecido. Hace más de un mes, el fiscal Rodrigo Estigarribia señaló que aguardaban el informe final de la Contraloría para avanzar.
Desde el ente contralor, señalaron que la Fiscalía no necesita el informe final para realizar su trabajo, atendiendo a que todos los documentos solicitados por el fiscal fueron entregados en tiempo y forma.