Tanto el ex presidente de la República Horacio Cartes como el actual vicepresidente Hugo Velázquez fueron declarados el año pasado como significativamente corruptos. La causa –solo contra el segundo del Ejecutivo– avanzó poco o nada y ahora el fiscal general del Estado reasignó entonces el caso a otros agentes.
Se cree que hubo poco o nulo avance en la investigación al vicepresidente y por eso el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, formó un equipo de investigación constituido por otros fiscales de la Unidad Anticorrupción, como lo son Francisco Cabrera, Diego Arzamendia, Alma Zayas y Jorge Arce.
También adhirió a la investigación al fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad contra el Narcotráfico.
Fueron asignados también los relatores fiscales Alejandro Meilicke, María Valdez, Verónica Mayor Gamell y Fernando Meyer, para colaborar con el equipo.
Anteriormente, estaban los fiscales anticorrupción Osmar Legal y Liliana Alcaraz a cargo de la investigación, pero con estas reasignaciones fueron sacados de la causa.
Lo llamativo en esto es que la Fiscalía no había iniciado un caso penal contra Cartes, porque decían que las sospechas de Estados Unidos se iban a juntar a una de las investigaciones ya abiertas.
Tampoco hasta ahora solicitaron informes con relación al ex mandatario al Departamento de Estado del país americano, como sí lo hicieron en el caso de Velázquez.
RESOLUCIÓN. En la resolución que firmó ayer Rolón, menciona que se tiene en cuenta que el 22 de julio de 2022, la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay señaló a Horacio Manuel Cartes Jara como supuesto participante en actos de corrupción.
En ese comunicado, el embajador Marc Ostfield mencionaba que “Cartes obstruyó una importante investigación internacional sobre el crimen trasnacional para protegerse a sí mismo y a su asociado criminal de un posible enjuiciamiento y daño político. Estas acciones socavaron la estabilidad de las instituciones democráticas de Paraguay... Además, estas acciones permitieron y perpetuaron la participación con organizaciones terroristas extranjeras”.
Luego, ya el 12 de agosto de 2022, al designar a Velázquez, y al asesor legal de Yacyretá, Juan Carlos Duarte, como significativamente corruptos, se hizo mención de que Duarte ofreció soborno a un funcionario público paraguayo para obstruir una investigación que amenazaba al vicepresidente.
El fiscal general tomó en cuenta estos datos y que, como todos estos hechos se habrían cometido en nuestro país, “merecen la investigación por parte del Ministerio Público, que permitirá instalar un pronóstico fáctico, probatorio y jurídico, tendientes a un caso penalmente relevante, lo que impone la necesidad de la apertura de una causa penal, para su investigación”.