Bustillo inició una visita oficial de tres días a la capital de la Unión Europea (UE), con la intención de dar un impulso a la finalización del acuerdo comercial, alcanzado en 2019 tras veinte años de negociaciones, pero sus primeros encuentros en Bruselas subrayaron las dificultades existentes.
Bustillo se reunió con el presidente de la delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, el eurodiputado Javi López.
Según explicó, López le trasladó al canciller su apuesta por ratificar el pacto UE-Mercosur, al verlo como un “acuerdo estratégico con un bloque político de peso”, que podría sumarse, si fructifican, a los tratados que la Comisión Europea (CE) también está negociando con Chile y México. El Mercosur lo forman Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
López considera, además, que la Unión Europea no puede perder peso económico en la región, ante las inversiones de China.
MEDIOAMBIENTE. Sin embargo, también les mostró las dudas que el Parlamento Europeo ha expresado sobre la política medioambiental del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.
Dado que una de las prioridades de la CE es impulsar la transición ecológica, Bruselas quiere incluir cláusulas en los tratados comerciales que está negociando con distintos países, para que se comprometan a cumplir el Acuerdo de París.
Pero en una resolución aprobada en octubre, la Eurocámara dijo que las políticas de Bolsonaro son contrarias al pacto sobre cambio climático, por lo que se niega a ratificar el acuerdo con el Mercosur.
También el presidente de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo, Bernd Lange, con quien Bustillo se reunió el jueves, le expresó las “preocupaciones” de la Eurocámara al acuerdo comercial, comentaron fuentes cercanas al eurodiputado.
Y previamente lo hizo la viceprimera ministra y ministra de Exteriores de Bélgica, Sophie Wilmès, con quien el canciller uruguayo inició su visita oficial en Bruselas.
Las dudas del PE sobre la protección contra el calentamiento global complican la ratificación del acuerdo comercial, dado que su visto bueno es imprescindible para que pueda entrar en vigor.
Además, deben aprobarlo parlamentos nacionales de los países de la UE y algunos de sus parlamentos regionales.