En una sesión ordinaria de este martes el () resolvió enjuiciar sin suspensión a la magistrada Tania Irún, denunciada por prevaricato y hechos punibles sobre cumplimiento de contrato y escritura.
Los miembros del órgano consideraron que existen elementos que hacen sospechar que existió un mal desempeño de funciones en la actuación de la jueza en un caso del 2018 que involucra a la Asociacion del Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial, conocida como .
“El famoso caso de la Secta Moon, en la cual a la misma se la sindicaba en que solicitó terminar con su reposo de maternidad y tres días después ya se expidió en un expediente muy voluminoso, trató sobre cuestiones de tierras que están en la frontera. Trató cuestiones que tienen que ver con personas de otras nacionalidades y algunas cuestiones que no tomo en cuenta. Entonces, se presume de que existe un mal desempeño”, argumentó el presidente del JEM, Enrique Bacchetta.
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El representante del Senado indicó a medios locales que con el enjuiciamiento inicia la investigación. Mencionó que ya hayvarios sumarios en la Corte Suprema de Justicia sobre la actuación de la magistrada. El JEM designó como fiscal acusadora a Rocío Vera.
El caso
Los abogados Lorena Dolsa y Carl Gwynn denunciaron que la jueza estaba con permiso de maternidad del 24 de setiembre de 2018 al 15 de marzo de este año. Sin embargo, el 20 de noviembre, solicitó que se deje sin efecto su permiso. Esto se efectivizó el 23 de ese mismo mes, pero la resolución le fue notificada recién el 28 de noviembre.
Según los datos, sin estar notificada, la magistrada resolvió otorgar unas 300.000 hectáreas de tierras ubicadas en el Chaco a empresas extranjeras. La misma habría dictado una veloz sentencia de 30 páginas, en un juicio de 19 tomos, que duró cuatro años, por lo que consideraron imposible que se resolviera dicho fallo en tan poco tiempo.
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La sentencia fue apelada por los abogados y hasta el momento la Cámara de Apelaciones en lo Civil no se ha expedido al respecto.
La Secta Moon es demandada por Cusabo Limited por supuestamente no pagar un crédito de USD 15 millones. Sin embargo, el abogado de la sociedad, Osvaldo Bittar, sostiene la asociación nunca solicitó ni recibió ese crédito.
Lo llamativo del caso, es que las hectáreas cedidas están valuadas en USD 500 millones, mientras que la supuesta deuda es de USD 15 millones.