Hace tres semanas el Senado entregaba una distinción a la cineasta Paz Encima por su aporte cultural con la película EAMI, que aborda las invasiones que sufrió la comunidad Ayoreo Totobiegosode en el Chaco con el asentamiento de colonos. Más que un momento de celebración, fue una oportunidad de reivindicaciones, donde Tagüide Picanerai, repudió la criminalización de la lucha de los pueblos indígenas por la devolución de sus tierras. El mismo grupo hoy ni siquiera tiene acceso al agua, mientras que la preocupación de los actores económicos se centra en el impacto de la sequía en la ganadería.
En la Región Oriental la situación no es muy diferente, la persecución a indígenas y desalojos ejecutados por policías y civiles es tan visible que hasta legisladores son testigos de estos hechos. Para las comunidades no queda de otra que la resistencia, ya no hay nada que perder, así lo entendió Hugua Po’i, de Raúl Arsenio Oviedo, Departamento de Caaguazú.
La comunidad que reivindica la restitución de sus tierras ancestrales fue desalojada con un gran despliegue policial a mitad de año y a pesar de obtener una medida cautelar para retornar, este proceso fue otra lucha que en medio dejó el fallecimiento de un bebé. No se cumplió una semana para que un líder indígena también muera en un contexto de protesta, ocurrió en un predio militar de Guairá, donde funciona una oficina del Instituto Paraguayo del Indígena. Son dos víctimas de la desidia estatal.
Pandemia. El análisis económico sobre los efectos del Covid-19 descuida la situación de las poblaciones más vulnerables que se encuentran alejadas de los cascos urbanos. Es el caso de la comunidad La Patria, del pueblo Angaité, cuyos miembros quedaron en plena pandemia sin “changas” en las estancias y hasta con una prohibición de ingresar a las propiedades para pescar, cazar y recolectar, a pesar de que la ley vigente les permite. Si bien llegaron a la comunidad víveres desde el Estado, pasaron meses sin recibir alimentos, lo que empujó a una movilización ante una extrema inseguridad alimentaria, según describe uno de los 20 textos que forman parte del dossier “Derecho al Futuro – Historias urgentes sobre ambiente, desarrollo y derechos humanos en Paraguay”.
El material lanzado ayer en conmemoración d el Día Internacional de los Pueblos Indígenas fue elaborado por comunicadoras y comunicadores con el acompañamiento de varias organizaciones que luchan por los derechos de pueblos indígenas. El documento recoge además casos emblemáticos que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
En el 2005 el Estado paraguayo recibió una condena por la violación de derechos de la comunidad Yakye Axa y aunque ya cumplió con la recuperación de las tierras, hasta el momento no está listo el camino para acceder a ellas. Una nueva promesa del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones apunta a su culminación en setiembre. La sentencia no termina allí, también falta la construcción de viviendas y provisión de servicios básicos como electricidad y agua potable, así como la instalación de sistemas de salud y educación.
Al año siguiente, el mismo organismo internacional dictó su decisión sobre la obligación de restituir sus tierras a la comunidad Sawhoyamaxa, que fue expulsada por un alemán con antecedentes de falsificación de documentos y fraude en su país. Aunque en el 2014 se promulgó la ley que les devolvía sus tierras, las familias vivían con miedo debido a que el extranjero los amenazaba constantemente con peones armados. Hasta ahora no se concretaron las inversiones para el desarrollo de la comunidad.
En el caso de Xákmok Kásek, el Estado fue condenado en el 2010. Un estadounidense que ostentaba el título de propiedad explotaba a las familias, apenas a cambio de comida. La mensura judicial para la restitución de tierras inició en junio pasado.