Hasta la fecha, la dio a conocer facturas por G. 6.252.506.200 de los G. 16.000 millones del rubro 831 para riesgos y emergencias utilizados para compras Covid-19. Los documentos que incluyen los contratos, cheques y facturas de las empresas responsables que presentaron inicialmente tampoco terminan de demostrar los pagos y cierre de las adjudicaciones para adquisición de insumos de protección personal, artículos de limpieza y kits de alimentos en zonas vulnerables con una diferencia de casi G. 640 millones entre las adjudicaciones y los montos de las facturas.
La Comuna hizo públicos los documentos tras el pedido de transparencia solicitado por la ex candidata a la intendencia Johana Ortega, a quien se le otorgó el pedido con las especificaciones de brindar los detalles de las compras del 10 de marzo de 2020 al 31 de diciembre de 2020 de la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez, actual intendente electo. En ese contexto, la Municipalidad anunció que utilizó unos G. 16.000 millones del rubro de riesgos del total de unos G. 21.000 millones, de los fondos utilizados en compras directas.
En tanto, la Comuna fue emplazada por la Contraloría General de la República para ampliar los detalles de las operaciones y las facturas hasta enero del 2021, tras las sospechas de sobrefacturaciones. El pedido que tenía que entregarse el viernes 15 de octubre, se aplazó por 10 días más como resultado de un pedido de prórroga.
BUSCAN SANCIONES
La diputada Kattya González presentó un proyecto de ley para modificar la número 3966/2010 Orgánica Municipal, enfatizando multas por incumplimiento a los pedidos de transparencia en la gestión municipal, tanto en solicitudes hechas por la Junta Municipal, concejales y ciudadanía en general.
El proyecto –según destaca González– busca llenar el vacío legal para promover el cumplimiento efectivo del acceso a la información pública consagrado en el artículo 28 de acceso a la información de la Constitución Nacional.
“Con la modificación incluimos una multa de 50 a 300 jornales, a ser descontados de la dieta del intendente o jefe de repartición, que pasará a formar parte de los fondos de las Codenis”, compartió Kattya González, quien explicó los artículos que buscan modificar.
El artículo 36, de las atribuciones de la Junta Municipal, artículo 68 de Obligación de presentar Información. En ellos se amplían y agregan sanciones y plazos para la entrega de informes solicitados por la Junta en colectivo o por los concejales al intendente, como así también solicitados a la Junta Municipal o al presidente de los ediles. Las sanciones previstas por incumplimiento de acceso a la información corren para los pedidos realizados por concejales y junta, y la ciudadanía. Las autoridades deberán responder en un plazo de 15 días.
En caso de que el pedido se eleve al área judicial vía amparo, se establece que “la omisión de respuesta por parte de las autoridades o funcionarios municipales será considerada como mal desempeño de funciones; además, el juez competente ante quien se solicite el amparo de acceso a la información pública deberá imponer las costas al intendente municipal y/o al responsable de la dependencia municipal”. Además, una multa de 50 a 300 jornales mínimos que irá al fortalecimiento de las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (COCodenis)”.
INFORMES
El proyecto de ley estipula también que la Intendencia Municipal presente a la Junta como parte de su rendición de cuentas públicas, tres informes anuales, a los que se les agregan los meses de enero, mayo y setiembre entre el primer y quinto día. El informe una vez presentado debe estar disponible en data pública y contener la ejecución presupuestaria con detalle de las cuentas y gastos, la documentación respaldatoria de contratos y adjudicaciones, también lo correspondiente a Fonacide y royalties.
Con la modificación incluimos una multa de 50 a 300 jornales, a ser descontados de la dieta del intendente o jefe de repartición, que pasará a formar parte de los fondos de las Codenis. Kattya González, diputada.