El documento vuelve a la Cámara Baja tres semanas después de su media sanción inicial, aunque en esta ocasión solo son analizadas las modificaciones introducidas la semana pasada por el Senado, de acuerdo con la legislación vigente (ver la infografía).
En ese sentido, en reunión realizada ayer, la Comisión de Hacienda de Diputados dictaminó en mayoría por aceptar los cambios incorporados por la Cámara Alta, lo que, de aprobarse en el plenario, llevaría al PGN 2021 a los G. 92,48 billones (USD 13.040 millones). Ese monto es superior en USD 63,7 millones a la media sanción inicial y en USD 126 millones al monto recomendado por la Comisión Bicameral.
Esto implicaría, además, inflar el gasto salarial en otros USD 4,2 millones, ya que Senadores dio luz verde a creaciones de cargo en la UNA e IPS y al pago de beneficios salariales al Registro Civil, al mismo tiempo de incorporar nuevamente los denominados “aumentazos” otorgados a unos 2.000 funcionarios sin concurso ya en 2019.
Asimismo, si se acepta este dictamen, ambas cámaras del Legislativo podrían realizar recategorizaciones a su clientela sin la necesidad de cumplir con las obligaciones de la Ley 1626 de la Función Pública; es decir, podrían conceder aumentos salariales sin concursos ni exámenes de aptitud.
CUESTIONAMIENTOS. La versión del Senado desató duras críticas del Ministerio de Hacienda y de referentes del sector privado.
La cartera sentó postura en contra del aumento de USD 4,2 millones en varios rubros vinculados a los salarios que otorgó el Senado y adelantó que no serán autorizadas las recategorizaciones ni creaciones de cargos sin el previo concurso, así como los “aumentazos” que legisladores vienen colocando en el PGN desde 2019.
Si bien asegura que el plan es aún administrable, esos incrementos salariales y la reasignación de gastos superfluos a corrientes irán año tras año impactando aún más en la rigidez y restarán recursos para el financiamiento de inversiones.
En este escenario, el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, afirmó que se ven obligados a elaborar un plan financiero bastante restrictivo en los gastos. Mediante esta herramienta, Hacienda pone anualmente topes a la ejecución de las entidades, de manera a controlar el desfinanciamiento que normalmente es aprobado en el Congreso.
Desde el Club de Ejecutivos y la Cámara de Anunciantes del Paraguay también elevaron su voz de protesta por el aumento de los gastos rígidos. Señalaron que es hora de contener el despilfarro y no sobrecargar a los contribuyentes.