En países como Chile o la Argentina, solo por citar algunos, temas como la seguridad social son de alta relevancia. Generan movilizaciones. Cualquier modificación en este ámbito estimula automáticamente el debate y la participación ciudadana.
En el Paraguay, los asuntos vinculados al Instituto de Previsión Social, que son muchos, se reducen y focalizan en las prestaciones de salud que, normalmente, generan más quejas que elogios y se exteriorizan particularmente a través de los medios de comunicación.
Si hubiera mayor educación y cultura de la seguridad social, habría en estos momentos una preocupación colectiva y vigilante sobre las decisiones que se adoptan en la institución a la que aportan trabajadores, empresas y otras entidades para prever prestaciones en caso de accidente, enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, muerte, desempleo y otras.
Estamos leyendo titulares que hablan de una nueva disposición que exigirá un “examen médico para admitir nuevos asegurados a las patronales, como estrategia para detectar fraudes, entre los que se destaca, el “seguro de favor”.
Es decir, aquel caso en que se hace figurar en la lista de trabajadores de una empresa a alguien con quien en realidad no existe una relación laboral, y al solo efecto de obtener la prestación médica, porque la persona padece una enfermedad grave que demanda un tratamiento costoso.
Esta es una práctica que creció al amparo de la propia ineficiencia del IPS para realizar controles cruzados, y por la corrupción empotrada por años en la misma previsional y en la sociedad paraguaya en general.
Más allá del costo que representará para las patronales los estudios que deben incluir el examen médico admisional y periódico –que por cierto es una obligación contemplada en el Código del Trabajo– o que, como denunciaron las centrales sindicales, esta nueva reglamentación resulte discriminatoria y el inicio de la privatización del sistema de seguridad social, lo preocupante es qué poco interés se percibe acerca de un tema como este.
También anuncian un proyecto de ley que presentarán las autoridades del IPS para que el monto que vaya a recibir un trabajador en el régimen de jubilaciones, que también administra la previsional, promedie el salario de los últimos diez años. Para algunos esto es positivo, para otros, no.
¿Qué incidencia tienen las organizaciones de trabajadores en planteamientos como este?
La respuesta parece obvia.
Hay una apatía tal, que cuestiones como estas ni siquiera se bajan en los ámbitos laborales.
La seguridad social podría ser diez veces mejor y mucho más eficiente en el Paraguay, si los asegurados, jubilados y pensionados asumiéramos mayor militancia ciudadana.