Luego de la primera publicación sobre la compra de 150 motocicletas KTM, por más de USD 1.500.000, que hizo la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) a favor de la Policía Nacional, directivos de la hidroeléctrica aseguraron que el proceso se hizo en forma lícita y que incluso hubo consulta de modelos, marcas y precios con diferentes concesionarias. No obstante, de acuerdo con la Resolución 17339/17 del Comité Ejecutivo de la EBY, del 15 de marzo de 2017, la adquisición de las motos se hizo en forma directa de la empresa Asunción Motor Sport SA (AMS), perteneciente al empresario Javier Bernardes, y no se menciona que hubo consultas con otras compañías.
Este documento señala que el comandante de la Policía Nacional solicitó a la EBY disponer en carácter urgente de los vehículos y, de conformidad a las recomendaciones brindadas por el Ministerio de Seguridad Pública de la República de Panamá, la motocicleta con mayor desempeño para el tipo de tareas a ser realizadas es la KTM, por lo que se adjuntó el presupuesto de la firma AMS SA.
En otro apartado indica que esta es la única empresa que tiene la representación de la citada marca en el país, por lo que se hizo el pedido de precios y la suma fue de USD 1.533.000 (ver facsímil).
Sin embargo, Luis Canillas, asesor jurídico de Yacyretá, había dicho que visitaron otras compañías, como Censu y Chacomer.
Es importante mencionar que en total son 180 las motos que la EBY se comprometió a comprar para la fuerza policial. Las primeras 30 ya habían sido adquiridas en enero, pero eran de la marca Honda y la proveedora fue Diesa. La Policía pidió en febrero pasado que las 150 restantes sean entregadas cuanto antes. A propósito, se entregarán esta mañana, a las 10.00, en la sede de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE).
Al empresario Javier Bernardes se lo vincula con el presidente Horacio Cartes.
NINGUNA CUMPLÍA. Canillas también precisó que ninguna de las empresas consultadas, excepto AMS SA, podía cumplir con el plazo de entrega de las motocicletas. Además, tenían que suministrar los kits requeridos (cascos, pecheras, luces, guantes, sirenas, entre otros).
La resolución del Comité Ejecutivo establecía que, por pedido de la Policía, las motos tenían que estar equipadas para motopatrulleras, de 400 a 650 cc, con garantía y mantenimiento por tres años, así como la previsión de repuestos esenciales y otros equipamientos elementales.
OTRA IRREGULARIDAD. Según las normativas internas de Yacyretá, toda compra que supere el millón de dólares tiene que ser tratada y aprobada por el Consejo de Administración, puesto que sus funciones se fijan en el Anexo A del Tratado. En la nota del Comité se observa que pidieron la aprobación del Consejo.
Empero, en la Resolución 3612/17 del Consejo, del 30 de marzo de 2017, que avaló la compra de los vehículos, se ve que solo un consejero (Gustavo Samaniego) firmó el acuerdo. La consejera Sheila Abed ni siquiera estaba enterada de la situación porque cuando ÚH le hizo la consulta sobre este tema, dijo que iba a solicitar un informe. Un día después apuntó que, tras haber recibido la respuesta a sus consultas, el proceso le pareció legítimo.