Para el diputado de Honor Colorado, Hugo Ramírez, el veto parcial del Gobierno a un proyecto de ley que da la potestad a la Policía Nacional para combatir la polución sonora “es un atentado contra la paz”.
“Es una lástima que el propio Presidente atente contra la paz de la gente. Pensé que él se hacía llamar ‘de la gente’. No puedo creer que por pertenecer a facciones diferentes de un partido se deba tomar una decisión así”, expresó el parlamentario en el programa La Lupa de Telefuturo.
Señaló que la columna vertebral del proyecto de ley lo hizo gente del Ministerio del Interior. Al respecto, remarcó que el documento pretendía dar potestad a los efectivos policiales para acabar “con la ley del mbareté (del más fuerte)”, expresó.
Hugo Ramírez explicó que el proyecto de ley se presentó a pedido de la Policía Nacional, a fin de tener los recursos legales para combatir este tipo de abusos.
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“Hoy, el 911 tiene como principal motivo de llamado la polución sonora. ¿Qué va a hacer un funcionario municipal en una plaza a las 3.00 de la madrugada? Se van a burlar de él. La policía tiene la fuerza cohesiva. No creo que se dejen de lado casos más graves para atender una denuncia de polución”, sentenció.
Gobierno considera que municipios deben actuar
El presidente Mario Abdo Benítez basó su veto parcial en que no es potestad de la Policía Nacional controlar los casos de polución sonora.
Ramiro Ocampo, actual director de Asesoría Jurídica del Ministerio del Interior, dijo que la función que se le pretende dar a los uniformados estima “una situación complicada”.
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Para el funcionario del Ministerio del Interior, es la Municipalidad la que debe dar una solución a esa problemática. “Un gobierno nacional gobierna las 24 horas y los gobiernos municipales también deben hacer lo mismo”, puntualizó.
Por su parte, Héctor Balmaceda, asesor jurídico del Minutero del Interior, explicó que la Ley Orgánica Municipal establece la creación de la Policía Municipal, pero en la práctica esto no existe.
“Por uso y costumbre se suele recurrir a la Policía. Las comunas podrían tener un call center y en todo caso se puede derivar a la Policía. No todo lo que ocurre en la vía pública es competencia de la policía”, justificó.
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El diputado Ramírez dijo que insistirá con sus pares de la Cámara Baja para que se ratifiquen en la sanción de este proyecto de ley y rechacen el veto parcial del Poder Ejecutivo.