La denunciante es la abogada Diana Vargas, que estudia la posibilidad de apelar la resolución porque entiende que presentó todas las pruebas que demuestran que cobró en forma indebida contribuciones.
La fiscala Acuña, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, pidió el 30 de diciembre del 2022 la desestimación de la denuncia porque entiende que no constituye hecho punible.
El magistrado señala que al analizar el pedido, considera que “efectivamente que el hecho denunciado no puede llegarse al presupuesto de la punibilidad al no existir una conducta típica que produzca un resultado descrito en algún tipo penal del Código de fondo, por lo que en consecuencia resulta procedente desestimar la denuncia presentada, por ajustarse así a Derecho”.
Con ello, el juez López hizo lugar al pedido de desestimar la denuncia y dispuso la devolución del expediente al Ministerio Público, a los efectos de su archivamiento. Comisiona al Ministerio Público para su notificación.
CRÍTICA. Tras conocerse la decisión, la abogada Diana Vargas reaccionó en las redes sociales. En su cuenta de Twitter señaló: “No es de extrañar que la siempre leal fiscala Acuña haya sido la 3ª designada en esta causa y que habiendo comprobado que se cobró a quienes no estaban obligados a pagar resulta que requiere la desestimación justo antes de la feria, periodo de arreglos con el siempre dispuesto J. López...”(sic).
“De hecho, en la Def. del Pueblo ya no se realizan estos cobros. Incluso el actual defensor tuvo que anular carnets que emitió porque tramitaron a quienes no tenían la obligación y se les cobró (y no está previsto un mecanismo de devolución) pero para la fiscalía la LEY ES BASURA” (sic), indicó Vargas.
Por su parte, el ex defensor del Pueblo Miguel Godoy, en declaraciones al programa Legalmente de PDS, indicó que ahora estaba trabajando en el ámbito privado, y la noticia de la desestimación no le “alegra ni le entristece”, y que ya no le daba importancia a la misma.
La denuncia había señalado que el mismo había cobrado sumas de dinero a unas 2.000 personas para proveerles del carnet de objetor de conciencia, según una ley.
Según Diana Vargas, la ley solo era aplicable a las personas que se declararon objetores antes del 2010, y no a los demás.
La fiscala Victoria Acuña fue la tercera agente que estuvo en la causa. Uno de los fiscales, Jorge Arce, había dicho que tenía elementos para investigar incluso a más personas, pero luego fue cambiado por otro agente en el caso.