Los largos y peligrosos tentáculos del narcotráfico no solo han conseguido algunas bancas en el Parlamento, sino que se han afianzado en el ejercicio del poder local y regional.
El caso emblemático es el del ahora ex intendente colorado de Ypejhû, Vilmar Neneco Acosta –acusado de ser el autor intelectual del asesinato de un periodista de Curuguaty–, que había utilizado como parapeto durante muchos años la institución municipal para conseguir impunidad para sus actos delictivos vinculados a las drogas.
Por lo que va saliendo a luz en las últimas semanas, sin embargo, se constata que no era el único que se escudaba en su cargo y en padrinos políticos para burlarse de la ley y de las instituciones públicas encargadas de velar por la seguridad de los ciudadanos.
El concejal liberal de Villa Ygatimí, aprehendido con 800 kilos de marihuana, listos para su comercialización, los dos concejales departamentales del Amambay –uno colorado, otro liberal–, vinculados al caso de los 250 kilos de cocaína desaparecida, y el intendente liberal de Yby Pytã, que fue sobreseído luego de ser descubierto con 8.000 kilos de marihuana en su poder, desapareciendo luego todo rastro del registro informático fiscal del caso que lo involucró, evidencian la profundidad de la inserción del narcotráfico en las estructuras de poder locales y regionales.
El vigor del poder de los narcopolíticos se patentiza en el hecho de que hasta ahora Acosta está prófugo, como así también el desprolijo y desatinado manejo judicial del caso relacionado con el asesinato del periodista Medina y el impune robo de la Jefatura policial de Pedro Juan Caballero del cuerpo del delito del caso que involucra a dos concejales departamentales.
La desaparición de las huellas de la investigación fiscal a que fue sometido el hoy intendente de Yby Pytã –departamento de Canindeyú–, Virgilio Portillo, delata igualmente el poder de los narcos. El ahora jefe comunal había sido sorprendido en flagrancia con 8.000 kilos de marihuana y, de acuerdo a su reencontrado expediente, fue sobreseído. Llamativamente, su caso era como inexistente, dado que no había registro del mismo. Por ello, la Fiscalía y el Poder Judicial deben investigar qué pasó en el tiempo en que se le otorgó la impunidad.
Estos casos indican que hay poderosas fuerzas invisibles, pero muy activas, en la política, en la Policía, en la Fiscalía y en el Poder Judicial que operan en complicidad con los narcopolíticos de cada lugar. Los vínculos de los narcotraficantes con el ejercicio del poder político apeligran seriamente la institucionalidad de la República. Los ejemplos a la vista permiten concluir que desmantelar esa fuerza fáctica es una de las tareas más urgentes de la sociedad y de los honestos que ejercen autoridad.