Hace más de un año, sin embargo, la divulgación de unos audios de conversaciones telefónicas demostró cómo el entonces senador colorado cartista Óscar González Daher, quien ocupaba la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, manipulaba la estructura judicial para arreglar fallos y sentencias. A raíz de las denuncias, tuvo que renunciar a sus cargos, fue destituido en dos ocasiones de la función de legislador y acabó procesado y preso por tráfico de influencias y asociación criminal, aunque recientemente obtuvo su libertad ambulatoria mientras sigue el juicio.
Ahora su hermano, Ramón Fernando González Daher, y el hijo de este, Fernando González Karjallo, han sido imputados por lavado de dinero y usura, tras allanamientos simultáneos realizados el miércoles en dos viviendas y una oficina en Luque, a cargo de los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y de Anticorrupción Osmar Legal, Liliana Alcaraz, Sussy Riquelme y Francisco Cabrera, quienes pidieron la prisión preventiva de los encausados. La investigación se inició a raíz de dos denuncias, las cuales tendrían un perjuicio millonario. Según los datos brindados por el Ministerio Público, existirían 280 víctimas de usura de los González Daher.
Conforme al acta de imputación, Ramón González Daher, quien fue presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), concedió millonarias sumas de dinero en concepto de préstamos a Juan Eugenio Planás Gómez y a Julio Mendoza Yampey, con intereses que superarían los establecidos por las normativas legales vigentes y contra entrega de cheques con vencimientos a 30 días en garantía por el mismo monto del capital del préstamo otorgado.
Con estas acciones se confirma lo que ya hace mucho tiempo se había denunciado en las investigaciones periodísticas: la existencia de poderosas estructuras que operan al margen de la ley manejadas por los dirigentes políticos y deportivos, miembros de un clan familiar, que durante muchos años gozaron de la protección cómplice de altos miembros del Gobierno y de otros poderes del Estado. El caso de los González Daher no es único, existen varios otros clanes políticos familiares manejando esquemas similares.
Aunque la actual situación de investigar y procesar a los caudillos de Luque parece obedecer más a la pérdida de la protección política que a una verdadera voluntad de hacer justicia por parte de los responsables del Ministerio Público y del Poder Judicial, es importante apoyar estas acciones para ir acabando con los feudos que hasta hace poco obraban con absoluta impunidad.