Desde que asumió el presidente Mario Abdo Benítez hay un registro de 2.024 reportes de supuestos casos de corrupción que se presentaron en la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac). La gran cantidad de denuncias ingresaron a través del portal donde los denunciantes se escudan en el anonimato.
Desde la Secretaría Anticorrupción informaron que este año existen 1.123 denuncias realizadas en diferentes niveles, además de 869 investigaciones preliminares y sólo 25 sumarios administrativos realizado a los funcionarios.
Hay 10 denuncias penales que están bajo investigación del Ministerio Público. Entre ellos se encuentra la causa de Petropar que guarda relación con el otorgamiento de contratos y la provisión irregular de gas licuado de petróleo.
La ejecución del programa de Tekoporã del Ministerio de Desarrollo Social está bajo la lupa de la Fiscalía tras detectar irregularidades en la asignación del beneficio destinado a las familias en situación de pobreza.
Existe una denuncia por lesión de confianza y estafa derivada por el caso del Metrobús bajo la administración de Ramón Jiménez Gaona. Además existe otra carpeta del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sobre supuesto hecho punible de destrucción de documentos o señales.
También se presentó una denuncia de supuesta falsificación de documentos públicos que salpica a la Administración de Navegación y Puertos (ANNP) cuya denuncia ingresó a la Fiscalía en diciembre pasado, bajo la carátula de hechos punibles contra el patrimonio.
lesión de confianza. La Fiscalía investiga casos de corrupción en la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) en caso de lesión de confianza. A finales del año pasado, el Ministerio Público había imputado a 40 funcionarios luego de descubrirse un esquema de distribución irregular de fondos.
También hay una causa abierta que involucra a la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial; el Instituto Forestal Nacional; y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas.
Desde que asumió el presidente de la República decidió designar a Carlos Arregui como asesor de Transparencia e Integridad y trabaja coordinada con la Secretaría además de Auditoría del Ejecutivo.
ANTEPROYECTO. Desde el Gobierno están trabajando en un anteproyecto de ley de protección a reportantes (denunciantes) en los casos de corrupción registrados en la administración pública. Para ello están recibiendo el apoyo de las Naciones Unidas para ajustar a los estándares internacionales.
La intención es que el Estado pueda brindar protección laboral a las personas que denuncien hechos de corrupción, a fin de evitar que sean víctimas de despidos o persecución interna.
Las cifras
25 sumarios administrativos fueron realizados a partir de la serie de denuncias en varias instituciones.
10 causas penales son investigadas a nivel del Ministerio Público en casos de hurto agravado, destrucción de documento y recaudación paralela.
869 investigaciones preliminares fueron realizadas a nivel de la Secretaría Nacional Anticorrupción bajo una serie de denuncias a través del portal.
Colaboradores del presidente están bajo la lupa
La Auditoría del Poder Ejecutivo inició una investigación de la gestión de la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo. Específicamente están observando la ejecución presupuestaria del Ministerio del Trabajo, el Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) y el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP). La ministra de Trabajo arrastra una diferencia política con el titular de Sinafocal, Alfredo Javier Mongelós. La confrontación entre ambos referentes del Gobierno surgió a partir de la utilización de los recursos destinados para la formación y capacitación en otros gastos.
Además está bajo la lupa el caso de la licitación en el Instituto de Previsión Social (IPS) luego del escándalo que desató el supuesto tráfico de influencias que salpicó a Dionisio Amarilla (senador expulsado). Ordenaron revisar todo el proceso de licitación y abrieron un sumario a los funcionarios dependientes de la Unidad Operativa de Contrataciones. Además, los sindicalistas están en pie de guerra y exigen que sea investigado Benigno López, ministro de Hacienda.