Los dictámenes, uno técnico y otro jurídico, recomiendan que la ejecución del contrato sea suspendida hasta que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la acción de inconstitucionalidad planteada por ciudadanos asuncenos en contra de esta tercerización.
“En primer lugar tenemos una indefinición de la naturaleza jurídica del contrato. Inició como un servicio de consultoría y así se estudió, pero se registró ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como la adquisición de un sistema integral de gestión tributaria. Luego vamos a una suerte de concesión o tercerización”, señaló Elizabeth del Pozo, directora de área de la Dirección Jurídica de la CGR.
En ese sentido, indicó que la Constitución Nacional establece que las municipalidades son las que deben recaudar sus tributos y en este caso la Municipalidad asuncena traslada a una empresa extranjera toda la gestión y fijación del importe de los tributos.
Por otro lado afirmó que existe una serie de contradicción y aspectos que aún no fueron definidos por las partes dentro del contrato. “No sabemos ante qué tipo de contrato administrativo estamos tratando”, indicó la funcionaria del ente contralor.
El caso llegó a la Contraloría por denuncias hechas el año pasado por el Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción. Del Pozo señaló que no existe un poder coercitivo que obligue a los entes públicos a acatar las recomendaciones de la Contraloría, pero que la carta orgánica de la institución advierte que los dictámenes son de cumplimiento obligatorio.
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