Las autoridades han olvidado recurrir a la Fiscalía ante los sospechosos crecimientos patrimoniales de los políticos, muchos de los cuales rozan lo inexplicable, y simplemente se desentendieron o posiblemente se rindieron ante la presión ejercida por ellos.
“Lo que vemos es que todo lo que se sospechaba está confirmado. Son enriquecimientos absolutamente inexplicables en algunos casos, pero también nos damos cuenta de que hay impunidad y presión política”, sostuvo el abogado Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).
Indicó que sospechosamente ahora la fiscala Liliana Alcaraz sale a decir públicamente que las declaraciones juradas no sirven para iniciar investigaciones de oficio. Manifestó que la misma no entendió de qué se trata el artículo 290 del Código Procesal Penal.
Expresó que sería bueno que a partir de ahora se hagan públicas las carpetas de investigación fiscal para saber qué criterios se usaron para desestimar algunos casos.
“Claramente la Contraloría brilló por su ausencia, hay que ver si hubo una negligencia de la Fiscalía, acá lo que estamos viendo es que la Contraloría no hizo en debida forma los exámenes de correspondencia y el Ministerio Público no se enteró o cuando se enteró fue funcional a un blanqueo sistemático como en el caso de Nicanor Duarte Frutos. Lo que hizo Nicanor es como hicieron los Kirchner en Argentina, abrir causas por enriquecimiento ilícito para poder cerrarlas con peritos y fiscales adictos. Ellos abrieron una causa y fue rápidamente sobreseído, el mismo esquema usó Nicanor”, sostuvo.
Manifestó que el Ministerio Público debe designar a sus mejores mentes y se les asigne presupuesto para llevar a cabo una investigación en forma correcta. “Con todo esto se puede abrir una megacausa, un lava jato paraguayo, abrir una megacausa de corrupción en el Paraguay, es un mero deseo porque sabemos que no va a ocurrir, a menos que la ciudadanía presione y presione, y así como se presionó para que las DDJJ sean públicas alguna respuesta tiene que haber, hay declaraciones que no tienen razón de ser”, indicó Santagada.
Luego de un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República liberó el pasado miércoles un primer grupo de 2.961 declaraciones juradas de bienes y activos que corresponden a más de 2.000 altos funcionarios públicos, incluyendo a presidentes de la República, vicepresidentes, parlamentarios y autoridades judiciales que ocuparon cargos entre los años 1998 y 2017.
REUNIÓN. La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) propuso a la Contraloría General de la República (CGR) y al Ministerio Público crear una mesa interinstitucional para controlar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos que han sido publicadas.
Para el efecto, autoridades de estas instituciones tienen previsto mantener una reunión el día de hoy.
“Estamos trabajando con la Fiscalía y la Contraloría, para que a partir de este lunes (hoy) podamos sentarnos a intentar establecer una matriz de verificación y control, de manera conjunta”, especificó el viceministro Óscar Orué.
Causas prescriben a los 10 años
El abogado Ezequiel Santagada confirmó que la pena para aquella persona condenada por enriquecimiento ilícito prescribe a los 10 años. Indicó que de igual forma la Justicia debe actuar ahora y que la publicación de las declaraciones juradas de políticos servirá al menos para poner en evidencia todo este esquema de corrupción política que existe.
“La ley establece 10 años. Si pasaron 10 años por enriquecimiento ilícito no se le puede agarrar. Eso es lo que establece. Hay que actuar ahora, no es que no sirva hacer este tipo de comparativos históricos o por lo menos sirven para dejar en evidencia esta discusión”, indicó.
En la opinión de profesionales, el Ministerio Público debería actuar de oficio teniendo en cuenta la posibilidad de estar ante varios delitos.