En la sesión de ayer de la Cámara de Diputados, los legisladores cartistas, acompañados de otros sectores, dejaron al descubierto su temor a que se trate la reglamentación de la pérdida de investidura.
Esto ocurrió al momento en que el liberal Pastor Vera Bejarano quiso dar el trámite de rigor a los dos proyectos de ley que fueron elaborados en la comisión especial a su cargo.
El líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Núñez, argumentó que en la mesa directiva se decidió con todos los líderes de bancadas que se trataría directamente el orden del día y no se incluirían otros temas.
El dirigente colorado tuvo el apoyo de 38 de sus colegas, incluido el imputado y con pedido de pérdida de investidura pendiente, el liberal Carlos Portillo.
Solamente 21 votaron por la propuesta de Vera, mientras que 4, que estaban en la sala, decidieron no votar.
Pastor Vera manifestó que su idea era presentar los proyectos oficialmente para iniciar el trámite legislativo correspondiente. “Creo que la plenaria me interpretó mal, no era la idea que se trate hoy (por ayer), pero sí que se inicie y vaya a las comisiones, se le dé el tratamiento de rigor y por lo menos debatir sobre el tema”, explicó.
Indicó que las dos propuestas fueron presentadas la semana pasada como informe a la plenaria, pero sí se necesita darle el tratamiento legislativo correspondiente para que se lleve al pleno la votación.
Explicó que la comisión especial que estuvo presidiendo no tiene facultades de dictaminar las cuestiones de fondo, simplemente se plantearon dos proyectos.
Ante la consulta de si existe desconocimiento del proceso legislativo por parte de sus colegas, ya que desde la Comisión de Asuntos Constitucionales informaron que ya no era necesario un dictamen, mencionó: “No sé si exista desconocimiento, capaz confusión, pero lo importante es que se tiene que tratar”, remarcó.
Los cartistas, teniendo en sus filas al imputado por tráfico de influencias, Tomás Éver Rivas, buscan dilatar lo más posible la reglamentación del artículo 201 de la Constitución.
PROPUESTAS. Una de las propuestas establece que el órgano juzgador sean los mismos parlamentarios. Bastará la firma de cinco senadores, en el Senado, para el inicio del procedimiento, y de ocho diputados, en la Cámara Baja.
La otra propuesta eleva al TSJE como juzgador y establece que el Tribunal Electoral de la Capital se encargue en los procesos de pérdida de investidura en primera instancia, a solicitud de la cámara correspondiente, mientras que el Tribunal Superior de Justicia Electoral será competente para decidir el recurso de apelación.