En el 2010 se descubrió que en la cárcel más grande del país, la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, se producían videos con contenido de pornografía infantil. Desde el mismo penal, unos reclusos coaccionaban a adolescentes a través de Facebook, y así llegaron a obligar a algunas a concurrir a la prisión, bajo diversas amenazas, abusar de ellas, grabar el sometimiento sexual y luego comercializar el material.
La noticia había dejado perpleja a la ciudadanía. Nadie podía creer que tan aberrante hecho pudiera tener lugar en el mismísimo penal, y que las autoridades penitenciarias y los guardiacárceles no se hayan percatado. Pero ocurrió y se demostró en un juicio en el que dos reclusos fueron condenados a 20 años de prisión, más 10 como medida de seguridad. El director de la prisión también resultó condenado a 2 años con suspensión a prueba de la condena.
Después de esto y de casos de descuartizamientos, de violaciones, de celdas vips, de extorsiones que se operan a través de teléfonos móviles desde la cárcel, de la comercialización y consumo de drogas, del fraccionamiento y arrendamiento de cada metro cuadrado de la penitenciaría, quedó esta pregunta: ¿si esto ocurre en la principal cárcel del país, qué otras atrocidades se estarán cometiendo en las cárceles regionales?
El domingo, Última Hora respondió en cierta medida a esta inquietud al publicar, en base a informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), que en las cárceles regionales de Coronel Oviedo, San Juan Misiones) y San Pedro funciona un sistema de explotación sexual, que tiene por víctimas a las mujeres de la población penal. Ellas son obligadas a prostituirse hasta para acceder a la comida y son sometidas a todo tipo de vulneraciones a sus derechos.
Dentro de estas prisiones, de carácter mixto, se reproducen las peores conductas que tienen lugar en la sociedad paraguaya, pero agravadas por la situación de encierro y una absoluta indefensión y lejos de cualquier intento de reinserción social.
Si el Gobierno pretende, por fin, cambiar de raíz toda esta podredumbre institucional del sistema penitenciario, que no pasa solo por mejorar la infraestructura, debe profesionalizar a los guardiacárceles. Esto implica crear una escuela de formación y un escalafón para el ascenso de estos, en base a concursos periódicos de méritos y criterios salariales actualizados.
También tiene que poner fin a la privatización de los espacios, y a los privilegios estipulados dentro del penal, según la capacidad económica del recluso, e incluir programas de formación e inserción laboral permanentes.
Las prisiones paraguayas no pueden seguir siendo depósitos humanos y escuelas de perfeccionamiento criminal. Esto no se compadece con la imagen que busca proyectar el país, que ha ratificado los principales tratados sobre la materia, e integra el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.