La figura de la pérdida de investidura o la expulsión de un parlamentario está consagrada en el artículo 201 de la Constitución Nacional. Pasaron más de dos décadas para que ese principio constitucional sea aplicado por primera vez en el Parlamento.
Fue el senador colorado Óscar González Daher el primero en perder su banca de esa forma en el año 2017, tras ser salpicado por los del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados al revelarse un esquema de presión a jueces y fiscales.
Desde aquel hecho histórico, pareciera ser que esa herramienta constitucional se convirtió en un arma de lucha de poderes.
Actualmente, hay pedidos de pérdida de investidura contra el senador Javier Zacarías Irún, Rodolfo Friedmann, Sergio Godoy y Sixto Pereira, que se presentaron durante las últimas semanas como una especie de pulseada ideológica dentro de la Cámara de Senadores.
Algunos senadores consideran que la situación se encamina hacia un “todos contra todos” y hacia “jugadas políticas”, que intensifican la falta de seriedad sobre el tema en el estamento democrático.
Hasta el momento, todos los pedidos quedaron neutralizados bajo el argumento de que hay un proyecto de reglamentación sobre la pérdida de investidura que está pendiente de tratamiento en Diputados.
Para los politólogos Milda Rivarola y Marcello Lachi, esta situación demuestra el autoritarismo y la arbitrariedad que contaminan al Parlamento y que a su vez están degenerando el manejo de la democracia y la República.
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“Aquí se ve una creciente arbitrariedad del Parlamento, que se adjudicó como derecho desde el juicio político de Lugo (2012), y a partir de allí, cada Parlamento fue tomándose atribuciones para alterar el voto popular”, recuerda Rivarola.
La analista considera que la legislatura actual (2018-2023) trasladó de cierta manera las internas coloradas del 2017, donde sacan a un senador e imponen a otro que no fue electo por voluntad popular.
“Obviamente no a todos los enjuiciados se les aplicará la pérdida de investidura porque empiezan a jugar con la mayoría o con alianzas que van usándose con fines de arreglos internos”, agrega.
Para Rivarola, toda esta pulseada política derivó del incremento de la rivalidad ideológica que se produjo a raíz de la muerte de dos niñas en el Norte del país tras el enfrentamiento con el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y con el histórico conflicto de las tierras malhabidas que crisparon el ambiente durante los últimos días.
Sumado a todo esto, está el tema de la corrupción y el narcotráfico que afectan, principalmente, a las elecciones políticas y la ocupación de bancas en el Congreso.
“Ahora están usando todo esto como arma política, porque la legislación paraguaya tampoco tiene mecanismos para evitar que delincuentes lleguen al Parlamento y se instalen en búsqueda de impunidad y no de inmunidad. Ahora está estallando esto muy desigualmente como: ‘hoy te saco uno y mañana otro’”, sostiene.
A criterio de la politóloga, la arbitrariedad de los parlamentarios y el nivel de corrupción reflejan un atentado gravísimo contra la democracia del país y el respeto a la decisión de la sociedad.
“Están llevando por muy mal camino el concepto de la República y la gente que votó en minoría también tiene derecho a tener su gente dentro del Congreso. Deberían cambiarse o reglamentarse leyes sobre quiénes pueden ser candidatos y endurecer los controles a la corrupción en las elecciones, que es el origen de todo el problema”, asevera.
Situación del Senado es inaceptable
Por otra parte, a consideración del politólogo Marcello Lachi, la situación que enfrenta el Senado es inaceptable, ya que una mayoría decide la expulsión de un colega por corrupción, por molestia o simplemente por oportunidad política.
“Desde mi punto de vista, la pérdida de investidura nunca tuvo seriedad. Yo estoy en contra del principio por cualquier tema, a menos que haya una condena judicial definitiva, porque el Parlamento es el primer lugar para defender las minorías y para que la mayoría no haga lo que se le antoje”, afirma.
Para el analista, que los senadores hayan decidido parar momentáneamente el tratamiento de los diferentes pedidos de pérdida de investidura, aparentemente, es una señal de que se dieron cuenta que están deformando la función del Parlamento.
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No obstante, menciona que si el proceso de expulsar a la gente, por uno u otro motivo, continúa sin poner a discusión el principio del estamento, se llegará a una deformación total del rol que realmente deben cumplir en el espacio público.
“No sé qué van a hacer más adelante, porque en vez de que pongan en discusión el principio, ponen solo la oportunidad. Igual se perdió el debate y difícilmente se va a recuperar la lógica democrática”, asegura.
Con los antecedentes que van dejando los senadores, el analista reflexiona que el gobierno se dirige hacia un autoritarismo, a diferencia de las dictaduras militares, pero donde el que tiene más fuerza hace las cosas como quiere.
“Esto que sucede en el Parlamento es un paso más a un gobierno que impone su voluntad independientemente de todo. En democracia se acepta el juego del relacionamiento de fuerzas diferentes, no es que si tiene la mayoría hace lo que quiere, existen reglas, pero cada vez más se va hacia una política de imposición de mayoría, donde yo hago lo que quiero, no me importa lo que es justo o lo legal”, menciona.
Asimismo, refiere que con el primer caso de pérdida de investidura que se dio en 2017, cuando se retiró la investidura al colorado cartista Óscar González Daher, en un hecho sin precedentes en el periodo democrático del país, generó una sensación de alegría porque se echó a un supuesto criminal.
Sin embargo, desde otra perspectiva se construyó un poder que actualmente puede ser utilizado de cualquier forma y a conveniencia de cualquier situación política. Toda esta crispación política pone en riesgo el funcionamiento democrático e institucional del Congreso, agrega.
Esto también atendiendo a que al principio del nuevo periodo legislativo, los senadores intentaron recuperar la imagen seria del estamento, que a diferencia de la Cámara de Diputados, esta quedó calificada como la Cámara de la vergüenza.
Pero con los últimos acontecimientos en la Cámara Alta, con relación a las pérdidas de investidura e incluso la media sanción al proyecto de ley de insolvencia, han generado bastantes críticas y cuestionamientos.
Legisladores deben ser responsables
A criterio del abogado constitucionalista y ex senador Hugo Estigarribia, los senadores deberían ser sumamente responsables para no aprobar o rechazar pérdidas de investiduras “a las tontas y a las locas”.
“Los legisladores deben tener responsabilidad y no librar un todos contra todos buscando alcanzar mayorías para echar a rivales políticos coyunturales”, expresa.
Si bien, para Estigarribia algunos pedidos cuentan con argumentos razonables, todos deben ser evaluados de forma responsable y en el marco del debido proceso.
En ese sentido, puntualizó que el proyecto sobre la reglamentación de artículo 201 de la Constitución Nacional, sobre la pérdida de investidura, podría ser inconstitucional ya que la Carta Magna no expresa que requiere tal reglamentación.
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“La Constitución cuando quiere que se reglamente un artículo lo dice expresamente: ‘la ley se reglamentará’, y en este caso no lo hace con el apartado de juicio político ni pérdida de investidura, por eso nunca se ha reglamentado por ley el tema”, aclara.
Asimismo, el abogado considera que los legisladores están ejerciendo un abuso de poder en cuanto a las solicitudes de expulsión y señaló que todo esto se inició cuando se dio la salida del ex senador Paraguayo Cubas.
“Ahora se plantea casi cualquier cosa para pedir la pérdida, y la excusa de no tratar porque se tiene que reglamentar el artículo no creo que sea válida porque la Constitución establece el debido proceso. Este es un juicio de tinte político que debe respetar a la Constitución y los derechos de la personas”, concluye.
Legisladores destituidos
La primera persona que fue destituida del Congreso fue el colorado cartista Óscar González Daher, tras el escándalo de los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
El diputado colorado por Central, José María Ibáñez, también fue otro legislador que se vio obligado a renunciar luego de que la Cámara Baja lo salvara del proceso de pérdida de investidura.
El senador de la Víctor Bogado, también fue destituido por sus colegas debido a una condena que recibió por el cobro indebido de honorarios por el caso conocido como niñera de oro.
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Otro en ser destituido por sus pares fue el senador liberal Dionisio Amarilla, quien fue sometido a la pérdida de investidura por un supuesto caso de tráfico de influencias que involucró a publicaciones periodísticas sobre irregularidades en el Instituto de Previsión Social.
Paraguayo Cubas fue otro de los senadores que se sumaron a la lista de expulsados. Este tuvo una corta pero polémica carrera como senador ya que en noviembre del 2019, una mayoría de sus colegas lo removió del cargo.
La senadora liberal María Eugenia Bajac se convirtió en la sexta legisladora en perder su banca por un escándalo sobre uso de viáticos y violación de la cuarentena sanitaria.
En tanto que en la Cámara de Diputados, varios legisladores se salvaron de enfrentar procesos por tráfico de influencias.
Los diputados Carlos Portillo, Tomás Rivas, Ulises Quintana y Miguel Cuevas son algunos de los que tienen cuentas pendientes con la Justicia, pero siguen manteniendo sus cargos en el Parlamento.