Ante la inminente definición del caso Arrom-Martí en instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Gobierno Nacional anunció que no aceptará una condena al Estado paraguayo. Menos aún, si se le impone el pago de indemnización a los dos ex dirigentes del partido Patria Libre, procesados en Paraguay por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi, y que demandan al Estado por tortura y desaparición forzada. El procurador general, Sergio Coscia, y algunos legisladores plantean incluso que el país renuncie a seguir reconociendo la jurisdicción de la Corte IDH y hasta ponen en duda la imparcialidad de los magistrados que integran este órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Sobre este contexto, conversamos con Rosa María Ortiz.
–¿Cómo toma que el presidente, el canciller, el procurador y exponentes de la Fiscalía General se expresen en contra de la Corte IDH y anuncien que el Paraguay no acatará una condena de este organismo en el caso Arrom-Martí?
–A mí me preocupa, sobre todo, porque se trata de un nuevo Gobierno. Recurriré a una anécdota, que creo que graficará la situación que subyace detrás de esa posición. En los 90 me tocó capacitar en derechos humanos a alumnos de la Escuela de Policía. Durante el receso, recuerdo que se me acercó un oficial y me dijo: “Profesora, no se preocupe por nosotros. Ya aprendimos a defendernos de los derechos humanos”. A 30 años de camino democrático, da la impresión de que, si bien se hizo mucho, lo que se logró es aprender a hablar de derechos humanos, a tomar ciertas decisiones muy favorables como ratificar convenciones, hacer leyes e instituciones que se adecuen a estas, pero hay como un convencimiento interno de que es más de apariencia que de un cambio real. Por eso la situación me recuerda al comentario de aquel oficial de policía, y me pregunto si en estas tres décadas Paraguay aprendió a defenderse de los derechos humanos o aprendió a defender los derechos humanos.
–¿No le sorprende entonces lo que en estos momentos manifiesta el Gobierno respecto a dos de los principales órganos del Sistema Interamericano de DDHH?
–Claro que me sorprende, porque va de contramano contra todo el discurso político que tuvo el país desde 1989 en adelante, que fue vender la imagen de un país respetuoso de los derechos humanos. De hecho, la primera ley, la número 1 de la transición democrática, fue la ley de ratificación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero estas nuevas actitudes constituyen como señales de que está perdiendo fuerza la experiencia de trabajar los derechos humanos para asegurar y fortalecer el sistema democrático. ¿Qué construcción democrática vamos a hacer si los ciudadanos están en contra de los derechos humanos?
–¿Qué hacer al respecto?
–Bueno, nosotros somos los titulares de derecho, los que tenemos que defender que nuestro Estado se organice, que siga mejorando en este ámbito. Hago un llamado a las autoridades en este sentido: Si bien tenemos muchos temas pendientes, hemos hecho muchas cosas bien, y tenemos que avanzar, no desanimarnos, y no mentir, porque las fake news (noticias falsas) en materia de derechos humanos fracasan.
Un Estado que hable en contra de la Comisión y de la Corte IDH es un Estado cuya seriedad entra en dudas.
Por eso pido al Gobierno que no eche por la borda tanto esfuerzo desarrollado. Por ejemplo, el Simore (Sistema de Monitoreo de Recomendaciones sobre DDHH), Paraguay está enseñando a otros países este sistema.
Significa que para el país son muy importantes esas recomendaciones, porque le ayudan a construirse como Estado democrático. Entonces, ¿de qué me hablan cuando salen a denostar en contra de la CIDH y la Corte IDH en la manera como lo hacen? Esto seguro va a tener efectos muy negativos sobre el país.
–¿Son exabruptos, una estrategia comunicacional o qué?
–Para mí es algo inverosímil. No puedo creer lo que está sucediendo, porque va de contramano a todo lo que hemos construido como país. Da vergüenza, sobre todo, porque en cierta medida ya estábamos orgullosos de formar lo que hemos logrado en materia de derechos humanos, ya estábamos cooperando con otros países con algo como el Simore, y salir con esto…
–¿Por qué en el caso Arrom-Martí se llegó a la Corte? ¿Hubo omisión? ¿Los gobiernos anteriores no lo tomaron con seriedad?
–No podría decirte, porque no sé. Además, no fui parte. Si bien este caso se inició cuando aún estaba en la Comisión, ocurre que cuando llega un caso sobre tu país, tienes que apartarte, no participas.
Lo que sí puedo opinar es con relación a las declaraciones que califican a la CIDH como “defensora de secuestradores”, y el tema secuestro no es lo que se analiza en el caso Arrom-Martí, sino la tortura y la desaparición forzada.
Se puso de moda lo de fake news (noticias falsas), y aprovecho para recordar que el periodismo siempre tiene que ir a las fuentes, y no solo repetir lo que alguien dice, porque la repetición continuada de exabruptos contra el Sistema Interamericano de DDHH hace que la opinión pública piense que es correcto eso. En este caso, bastaba revisar el expediente, para demostrar que cuanto se estaba diciendo –desde el propio Gobierno– es mentira.
–Se instaló el tema de la indemnización de USD 63 millones por una condena inminente de la Corte IDH. ¿Por qué?
–Puede ser por desconocimiento, que es muy grave, porque cómo van a estar esas autoridades en esos puestos, si es que desconocen cosas tan básicas. O mala fe, que también es grave. No se encuentra una tercera opción. Lo que estamos viendo ahora es una decisión política (de las actuales autoridades). Lo que preocupa es esto: Si es una decisión política, ¿por qué el Poder Judicial y la Fiscalía apoyan estas mentiras? ¿Por qué la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público aprueba lo que se está diciendo? ¿Dónde se encuentra la independencia de poderes?
Perfil
Rosa María Ortiz integró la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de 2012 a 2015. Graduada en comunicación social y experta en los derechos de niños y niñas, fue vicepresidenta del Comité de Naciones sobre los Derechos del Niño. Además, fundadora y miembro de varias organizaciones de DDHH de Paraguay.