También implica que se roba un valioso tiempo a sus clientes y por sobre todo exponiendo a la ciudadanía a una innecesaria y peligrosa aglomeración en medio de la pandemia del Covid-19.
Aunque desde el Gobierno se había establecido una importante exoneración del pago por el servicio de energía eléctrica a los usuarios que no superen el consumo de 500 kWh al mes durante la crisis del coronavirus, se han registrado muchos reclamos de presuntas sobrefacturaciones que solo podían ser gestionadas de manera presencial en la sede central de la ANDE, en Asunción, lo cual llevó a las largas colas y a las desaconsejadas aglomeraciones, además de cuantiosas protestas.
El presidente de la ANDE, ingeniero Luis Villordo, tuvo que aceptar ante una interpelación de miembros de la Comisión de Energía del Senado que se equivocaron en estimar la facturación de unos 40.000 usuarios, debido a que el sistema informático que utiliza la empresa ya resulta obsoleto, y prometió que se corregirán los errores, acreditando el dinero cobrado de más para futuros pagos.
Sin embargo, la ciudadanía no tiene por qué pagar por la incapacidad de gestión, principalmente en un momento de grave crisis económica en que cada guaraní resulta crucial para numerosas familias afectadas por pérdidas de ingresos.
Del mismo modo, también se registraron largas colas y aglomeraciones frente a la sede central de la Essap, debido a que la empresa dictaminó que las facturas vencidas solamente podían ser abonadas en su local sobre la calle José Berges, en Asunción, y no en cualquier boca de cobranza, ni tampoco por sistemas de pagos electrónicos.
Recién después de muchos días de haber expuesto innecesariamente a la gente a la riesgosa aglomeración y a los reiterados reclamos, se establecieron otros sistemas alternativos de pagos.
A esto hay que sumar los frecuentes cortes del servicio de agua potable a comunidades humildes como las del Bañado Tacumbú, cuyos pobladores han debido desobedecer las restricciones sanitarias y salir a las calles para hacer oír sus reclamos.
Ambas empresas que proveen los servicios más vitales como la energía eléctrica y el agua potable han demostrado en medio de esta grave crisis sanitaria que se siguen manejando con estructuras del siglo pasado, no se han adecuado plenamente a los modernos sistemas de interacción digital con sus usuarios y arrastran visibles deficiencias en la gestión.
Se requiere que desde el Estado se prioricen las inversiones necesarias para mejorar estas prestaciones de importancia vital, así como exigir a los responsables de estas empresas un servicio mucho más eficiente.