La fiscala Liliana Alcaraz, de la Unidad de Delitos Económicos, es la encargada de la pesquisa sobre presuntos multimillonarios desvíos de fondos. Según el informe final de la Contraloría General de la República (CGR), el daño patrimonial empezó siendo de G. 1.000 millones que se detectó a través de un examen especial y que fue denunciado por ex contralor José Enrique García ante el Ministerio Publico sobre el ejercicio fiscal 2014 y 2015.
Luego en otra auditoria que corresponde al periodo en que iba culminando su función en la gobernación de Alto Paraguay, se sumaron diversas irregularidades más cuando el 8 de Julio de 2020 el contralor Camilo Benítez Aldana notificó a Ocampos sobre el informe final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI), que corresponde a los ejercicios 2017 y 2018, donde se hallaron otros faltantes de G. 3.400 millones que junto con la anterior suman G. 4.400 millones.
Se trata presumiblemente de desvío de fondos que no se ha podido justificar durante su administración en el gobierno del departamento. Cuenta con una serie de faltantes y obras inconclusas, que comprometen a Ocampos en los indicios de comisión de hechos punibles. A partir de la declaración indagatoria no hay novedades del caso y la ciudadanía del Alto Paraguay está expectante. Se teme que pueda quedar impune un hecho de corrupción en la que existen evidencias constatadas por la CGR.
Irregularidades. El informe final de CGR del periodo 2017 y 2018 demuestra falta de documentos de respaldo en transferencia a entidades educativas, becas otorgadas sin que presenten rendición de cuentas al igual que subsidio y asistencia social a personas y familiares del sector privado, construcción de pórtico de acceso en Bahía Negra, entre otros.