El fiscal solicitó las medidas alternativas a la prisión para los tres procesados.
denuncia. La investigación se inició tras la denuncia realizada por Óscar Leguizamón Chaparro, quien manifestó que Caballero lo había amenazado con impulsar un sumario que se lleva a cabo en la DNCP en contra del Instituto San Luis, del cual es propietario, con el fin de perjudicarlo.
Además, el denunciante indicó haber sido extorsionado con respecto a una causa investigativa en su contra en San Lorenzo, diciéndole que conseguirían una prórroga para luego impulsar un fallo en su contra.
Asimismo, Soto Ortellado le habría mencionado que también iba a iniciar una serie de acciones legales contra Leguizamón si este no accedía inicialmente al pago de G. 15 millones. A través de un operativo encubierto se logró la detención de los implicados.