Nuestro sistema legal normativo también establece que determinadas acciones u omisiones pueden generar faltas de varios tipos e incluso delitos.
Con mucha indignación vemos que ambos elementos han estado presentes y han causado perjuicios al sistema educativo paraguayo cuando analizamos lo que viene ocurriendo con una parte importante del Fonacide.
El Fondo Nacional para la Inversión Pública y el Desarrollo (Fonacide) se crea en el año 2012, con el objetivo fundamental de orientar los recursos provenientes de la cesión de energía paraguaya de Itaipú al Brasil, exclusivamente a la inversión pública para el desarrollo nacional.
Para enfocar aún más esta inversión, la misma ley crea otro mecanismo denominado Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, que recibe un 30% del total de los recursos del Fonacide y destina la totalidad de dichos recursos justamente a educación e investigación.
Como otro 25% de los recursos la ley los dirige a los municipios y gobernaciones, se estableció la obligación para dichos gobiernos locales y regionales de invertir al menos 50% de todo lo recibido en infraestructura escolar y otros 30% en almuerzo escolar; es decir, un foco centrado de nuevo en el tema educación, aunque en este caso de manera descentralizada.
En los últimos tres años de vigencia de esta ley, los municipios y gobernaciones han recibido alrededor de 260 millones de dólares, los cuales debían ser aplicados de acuerdo con las proporciones mencionadas a infraestructura y almuerzo escolar.
Acá nos encontramos con el primer “pecado de acción”, pues los fondos fueron efectivamente ejecutados, pero con una muy importante cantidad de gobiernos locales que lo hicieron de manera irresponsable, arbitraria y corrupta en muchos casos.
Si la acción de ejecutar estos recursos destinados a infraestructura escolar –unos 130 millones de dólares– se hubiese hecho en forma coordinada con el Ministerio de Educación, respetando los procesos de planificación, buscando soluciones viables de los problemas burocráticos y, sobre todo, haciéndolo de manera honesta, el impacto debía haber sido significativo en este tema tan sensible por los recursos implicados.
En el otro extremo de esta historia tenemos el “pecado de omisión”, que también puede ser sumamente dañino dadas las circunstancias.
Para entender el caso, debemos volver al mencionado Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación, que igualmente ha recibido en los años de vigencia de la ley ingentes recursos: alrededor de 350 millones de dólares.
La lógica de funcionamiento de este Fondo en particular es muy interesante, puesto que al tener una conformación público-privado se ha hecho un serio y buen trabajo de selección de propuestas en el campo educativo y de la investigación, que reciben financiamiento del Fondo.
El tema es que los programas que reciben financiamiento son presentados y ejecutados en su gran mayoría por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Y acá se termina de configurar el pecado de omisión, pues en al menos tres proyectos estratégicos que ya fueron aprobados a fines del 2014 y durante el 2015, se tiene una ejecución de virtualmente 0%.
Estamos hablando en estos casos de unos 230 millones de dólares sin ejecución, prácticamente, y para colmo los proyectos apuntan a cuestiones esenciales, estratégicas y muy sensibles para la ciudadanía como el tema de infraestructura escolar, la formación docente y la tecnología en la educación.
Claramente, es hora de sacarnos de encima estos pecados de acción y de omisión. Para el efecto, debemos ser capaces tanto desde el sector público como del privado de diseñar una nueva arquitectura que nos permita avanzar aprovechando los recursos financieros aún disponibles.
Los jóvenes, valiente y legítimamente, patearon el tablero. Y nos exigen nuevas reglas de juego.