En una entrevista con Efe en Madrid, Zanin opinó que esos parlamentarios quieren modificar una “garantía fundamental” o “cláusula pétrea” de la Constitución, lo que no es posible -a su juicio- por medio de una enmienda.
“El Tribunal Supremo acabó de juzgar esta cuestión y reconoció que la Constitución brasileña impide la llamada ‘ejecución anticipada’ de la pena”, antes de que el condenado agote todos los recursos judiciales contra la sentencia inicial.
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Tras pasar 580 días preso, (2003-2010) dejó el día 8 de noviembre la cárcel beneficiado por una decisión del Supremo, que declaró inconstitucional la prisión de una persona condenada antes de que se agoten todos los recursos de la defensa.
El ex mandatario, entretanto, sigue condenado en segunda instancia a ocho años y 10 meses por corrupción pasiva y blanqueo de dinero en el caso llamado Tríplex, dentro de la operación .
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Esta sentencia lo hace inelegible en unas próximas elecciones presidenciales por antecedentes judiciales, según la ley de la Ficha Limpa, aprobada cuando gobernaba el propio Lula. Zanin y la abogada Valeska Teixeira no afirman directamente que su misión sea que Lula pueda presentarse a los comicios de 2022, pero admiten que esta sería una posibilidad si su cliente así lo desea.
“Queremos ofrecer a Lula la opción de poder utilizar sus derechos políticos. Depende de él definir su futuro en la política brasileña”, explicó Zanin.
La defensa espera que el Supremo acabe este año el análisis del hábeas corpus presentado en 2018 que denuncia una conducta sospechosa del ex juez y actual ministro de Justicia de , Sergio Moro, que fue quien condenó en primera instancia a Lula da Silva en 2017.
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Piden, como reparación, la “nulidad” de todo el proceso y la restitución plena de los derechos del ex presidente, incluso los políticos. “No tuvo derecho a un juicio justo porque el juez (Moro), en vez de mantener una distancia equivalente hacia las partes, actuó como coordinador de la acusación”, denunció Zanin.
La esperanza de la defensa es que tres de los procesos (abiertos en la ciudad de Curitiba) sean anulados si la conducta de Moro es considerada sospechosa de parcialidad por el Supremo.
Moro fue juez del juicio en el que se condenó en primera instancia a Lula da Silva por el “caso Tríplex”, y participó, además, en la fase inicial (llamada de “instrucción”) de los otros dos que se tramitan ahora en esa localidad, capital del estado de Paraná.
“La etapa principal del proceso es la instrucción. Como Moro, en nuestra opinión, hizo una instrucción sesgada y parcial de todos los procesos, la conducta sospechosa debe ser reconocida en relación con los tres procesos”, según Zanin.
La defensa también presentó otro hábeas corpus contra los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato en Curitiba, por la que Lula da Silva acabó en prisión.
Teixeira subrayó que el ex presidente todavía sufre la “violencia” de un proceso, que comprende, además de la suspensión de los derechos políticos, la restricción de bienes y la incertidumbre de un proceso que “nunca ha reconocido como legítimo”.
“Para que los ciudadanos vuelvan a tener confianza en el sistema de Justicia brasileño, es importante que Lula da Silva tenga un juicio justo”, subrayó la abogada.
Según los abogados, los ocho procesos abiertos en la Justicia brasileña contra el ex presidente se caracterizan por la inconsistencia de las acusaciones.
“Todos tienen en común, en nuestra opinión, una característica: las acusaciones son frívolas”, sin fundamento, comentó Zanin.
Teixeira argumentó que la debilidad de los procesos se debe al llamado ‘lawfare’, un concepto definido por ella como “el uso estratégico de la ley para fines de deslegitimación y aniquilación de un enemigo”.
“Es exactamente eso lo que ocurrió con el ex presidente Lula. Fue víctima de ese fenómeno para que no participara de las elecciones de 2018", añadió.
Zenin y Teixeira se encuentran en la capital de España para participar en el foro sobre seguridad y derechos ciudadanos organizado por la fundación Common Action Forum entre hoy y el domingo próximo.