Se trata de la demanda planteada por Iván Francisco Alcaraz Salinas, el ex celador del colegio Monseñor Lasagna que fue procesado por abuso sexual en niños y posteriormente sobreseído definitivamente, en contra de la fiscala Claudia Penayo y tres personas que lo habían denunciado ante la Fiscalía. Debido a que es en contra de la fiscala, la responsabilidad del Estado es subsidiaria.
La Procuraduría emitió un comunicado señalando que la institución logró un ahorro de G. 1.000 millones al Estado logrando que se declare la caducidad de la causa.
“La vanidad del funcionario hizo que la información se presentara como ‘resultados de la Procuraduría’, bajo su dirección, cuando que en realidad el A. I. N° 1831, del 11 de diciembre de 2013, se dictó a pedido del abogado Roberto Amendola, abogado de uno de los demandados (...), de manera que el ‘éxito’ no lo tuvo el funcionario, sino otro abogado”, señala una nota entregada a ÚH por el profesional.
En ese sentido Amendola también afirmó que en otras ocasiones el procurador general se adjudicó como logros suyos casos cuando en realidad “fueron llevados adelante por otros procuradores delegados con 10 y 12 años de antigüedad en la institución”.
“Se apropia del trabajo de otros funcionarios. Se sabe que existe un descontento generalizado en la institución con respecto a estos hechos, ya que el procurador general se atribuye el éxito de los demás”, aseguró Amendola.