Que en el Paraguay se hayan cumplido 25 años de vigencia de la primera Constitución Nacional en la era democrática no es poca cosa. La promulgación de la Carta Magna, el 20 de junio de 1992, fue el corolario de una larga lucha por la libertad y la democracia, en un proceso que ha costado mucho sufrimiento a miles de ciudadanos.
Las importantes libertades y conquistas democráticas consagradas durante la Convención Nacional Constituyente del 92 merecían ser recordadas y celebradas, principalmente en honor a quienes han dado sus vidas por llegar a dicha etapa, pero lamentablemente los actos de conmemoración oficial que estaban previstos por las autoridades del Congreso Nacional, finalmente, fueron suspendidos, alegando que varias organizaciones invitadas se negaron a participar, como una medida de protesta ante los últimos hechos protagonizados por referentes del oficialismo colorado y sus aliados, y que son considerados violatorios de la Carta Magna.
Mas allá de las motivaciones políticas que existan tras estas decisiones, es justo reconocer que el respeto a los artículos de la Constitución no se encuentra en su mejor momento. Mientras por un lado existen violaciones que pueden considerarse sistemáticas, como la falta de mejor cumplimiento de derechos básicos como el acceso a la tierra, la vivienda, la salud, la educación y el trabajo, en los últimos meses se han incrementado las violaciones o intentos de violaciones a normas que rigen el orden jurídico del sistema democrático republicano.
El caso más grave, que produjo una fuerte crisis política, fue el operativo impulsado por el propio presidente de la República, Horacio Cartes, a través de legisladores del oficialismo, en alianza con sectores liderados por ex presidente Fernando Lugo y el liberal disidente Blas Llano, buscando violar la Constitución para introducir la figura de la reelección, actualmente prohibida. La creciente protesta ciudadana, que desencadenó en la quema del edificio del Congreso, finalmente obligó a desistir de este propósito.
Sin embargo, en esta última semana de nuevo se produjeron formas de violaciones constitucionales para desplazar a las autoridades de las cámaras de Senadores y Diputados, y reemplazar a los representantes legislativos ante el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, buscando copar todos los poderes con referentes del oficialismo.
Es de esperar que la clase política recapacite y surja un compromiso para realizar una reforma y hacer valer el orden constitucional. De lo contrario, las conquistas logradas en 25 años no servirán de mucho.