El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, declaró hoy a los medios que el Gobierno entiende que “hay un clamor nacional” para que se tomen las decisiones “en relación a irregularidades o ilegalidades que se hayan detectado”.
La autoridad dijo que se analizan los contratos suscritos por las cooperativas mineras con compañías privadas nacionales o extranjeras y citó el caso de la Empresa Minera Manquiri S.A., subsidiaria de la estadounidense Coeur d’ Alene Mines Corporation.
Manquiri trabaja en el proyecto San Bartolomé, en el Cerro Rico de Potosí, en el segundo yacimiento de plata más grande de Bolivia, según subrayó el viceministro.
La empresa informa en su página web que su trabajo está orientado a la producción de lingotes de plata a partir de la remoción y procesamiento metalúrgico de los desmontes y otros materiales depositados alrededor del Cerro Rico de Potosí.
Según el Gobierno, hay más de 30 contratos firmados por las cooperativas con privadas sobre yacimientos del Estado que les fueron dados en concesión para estimular el cooperativismo, lo cual se considera una ilegalidad porque las minas pasaron a terceros.
Desde el lunes, líderes de sindicatos obreros y de organizaciones campesinas afines al presidente boliviano, Evo Morales, le pidieron que el Estado nacionalice todas las minas “de una vez por todas” y que anule las concesiones mineras que “no aportan nada” al país.
El presidente respondió el mismo día que en el momento en que los trabajadores demuestren que las empresas del Estado pueden ser rentables “contentos vamos a seguir nacionalizando”.
Las peticiones se producen después de los graves conflictos de la semana pasada protagonizados por mineros de las cooperativas, que se saldaron con el asesinato a golpes del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, y la muerte de cuatro mineros.
Tres de los mineros murieron por heridas de bala y un cuarto falleció debido a una explosión por la mala manipulación de dinamita.
