“Estamos trabajando con la Procuraduría (...) cómo llegar a un acuerdo de pago con Chevron”, dijo hoy el ministro de Finanzas, Fausto Herrera, quien explicó que existen “otros juicios de ciudadanos ecuatorianos” con la compañía, por lo que “estamos viendo como coordinar eso”, indicó.
Herrera ofreció la información durante un encuentro con periodistas en el que participó junto al presidente del país, Rafael Correa, quien, a su vez, comentó que la sanción obedece a un juicio que la compañía estadounidense interpuso porque durante más de quince años los tribunales ecuatorianos no resolvieron sus demandas.
“Y, efectivamente, así fue”, dijo el mandatario, quien explicó que, desde su llegada al poder en 2007, su gobierno impulsó los juicios pendientes, “pero fue demasiado tarde”, porque la petrolera demandó al Estado por denegación de justicia y ganó el juicio, del que se derivó la condena al pago de los 96 millones de dólares.
El ministro de Finanzas precisó que el país tiene de plazo hasta el 20 de julio para efectuar el pago y señaló que, junto a la Procuraduría, el Estado debe “hacer una propuesta” para satisfacer el pago pendiente.
El caso, conocido como “Chevron II”, se refiere a una demanda interpuesta ante tribunales arbitrales por la petrolera contra el Estado suramericano, por denegación de justicia en unos procesos añejos presentados en el periodo en que la compañía operó en la Amazonía ecuatoriana, entre 1964 y 1990.
Correa, en un diálogo con corresponsales extranjeros en junio, dijo que iba a esperar la respuesta de la petrolera para analizar qué hará, pues la justicia ecuatoriana mantiene una orden de embargo contra Chevron en otro proceso por daño ambiental.
“Hay que ver primero si nos cobran, hay que ver si tienen cara para cobrarnos después de haberle hecho tanto daño al país”, sostuvo entonces Correa, que cuestionó la decisión del Supremo de Estados Unidos, de no admitir un recurso de revisión.
Correa ironizó: “Ese es el mundo” actual, ya que “con todos los abogados que tiene Chevron, sus causas salen rápidas a su favor y lo otro (otros casos contra la compañía) lo bloquean por todos los medios”.
Se refirió a una condena a la que fue sometida la petrolera por parte de la justicia ecuatoriana, que le sentenció a pagar 9.500 millones de dólares por daños ambientales en la Amazonía, en un juicio privado presentado por colonos e indígenas de esa zona.
La petrolera se niega a cumplir la condena de la justicia ecuatoriana, al considerar que ese juicio obedece a una supuesta trama de complot en su contra.
