En el proceso de deterioro social que se profundiza progresivamente en el Paraguay desde hace décadas, los ciudadanos vinimos perdiendo demasiados espacios y vidas.
Por eso, resulta lamentable que en medio de una nueva oleada criminal, que evidentemente aumentó en grado de violencia, la institución policial salga a responder con un argumento gastado y absurdo de que en realidad lo que existe es una sensación de inseguridad alimentada por los medios de comunicación y por publicaciones en las redes sociales.
Mientras leía ese titular extraído de declaraciones de la vocera de la Policía Nacional, escuchaba una entrevista de los compañeros de radio Monumental al director de la Policía del Departamento de Central, quien dio como ejemplo que en un solo día esta semana hubo 15 atracos en la ciudad de Villa Elisa. Con esa información graficaba la intensidad de los sucesos delictivos. Contó además que estos son realizados por personas reincidentes, muchas de ellas, “animadas” por el consumo de drogas, en palabras del comisario.
Otro dato interesante que aportó es que cuando tales personas son atrapadas, en poco tiempo recobran su libertad porque normalmente los afectados no quieren firmar el acta de denuncia policial, para no verse involucrado en los trámites que implica el proceso de investigación e imputación que realiza la fiscalía.
Si se tienen detectados los problemas y sus causas, pregunto: ¿No deberían ser abordados para buscar la solución?
Más aún cuando se tratan de hechos que contribuyen a que la gente viva con miedo, se sienta vulnerable todo el tiempo, y se vea obligada a replegarse cada vez más, obligada a construir muros, invertir en dispositivos de seguridad y a renunciar a los espacios públicos y a una vida en libertad y tranquila, sin sentirse amenazada en la integridad física. Como ahora, en un clima de ¡sálvese quien pueda!
Se supone que la Policía Nacional observa y analiza desde esta y otras perspectivas los hechos. Suponemos que lo hace articulada con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Que coordinadamente las cabezas de estas instituciones trabajan en la detección de los focos de amenazas, los puntos vulnerables de cada cuadrante que deben cubrir las comisarías, y definidos los inconvenientes que se dan en forma recurrente cada vez que ponen tras las rejas a los malhechores, y las víctimas no realizan la denuncia. Y más aún, que están adoptando las medidas preventivas en base a evidencias. Esto es, que cuentan con un banco de datos actualizado que permite detectar y referenciar geográficamente cómo se mueven los grupos criminales y actuar en consecuencia, por citar apenas un punto elemental. Pero no es así. Las respuestas tan básicas y recurrentes que dan denotan que la institución sigue desfasada y, encima, muy señalada por la corrupción interna y una deficiente formación de sus cuadros. En estas condiciones, difícilmente este con capacidad de realizar planteamientos más integrales para afrontar con inteligencia las múltiples causas de la inseguridad.
Lo más grave de todo es que estos temas, que tienen en vilo a los ciudadanos, tanto ricos como pobres, no están en el centro del debate, ni siquiera bajo la excusa de las próximas elecciones municipales ni la campaña por los comicios generales que está en plena marcha, que es cuando hay un derroche de promesas para mejorar todo cuanto preocupa a los ciudadanos.
El problema de la venta y consumo de drogas, la existencia de un mercado negro de armas de todo tipo, asequibles, y de dispositivos de comunicación robados, que la Policía sabe cómo y donde funciona. El microtráfico en los barrios (en muchos casos protegidos por policías) que ha crecido muchísimo y tiene a numerosas familias en la desesperación de no hallar ayuda para afrontar este problema en el que han caído sus chicos deben estar contemplados en una política de seguridad que, penosamente, a tres años de gestión, el Gobierno aún nos debe.