La transparencia y el control de los recursos no deben limitarse únicamente a los fondos sociales, también a todo lo referido a los recursos humanos como la carrera profesional y los niveles salariales.
Todos los recursos que manejan las entidades pertenecen al país y, por lo tanto, la ciudadanía tiene derecho no solo a opinar y auditar, sino también a participar en las decisiones. Esto va más allá de los fondos sociales, debe incluir otros ámbitos como los fondos destinados a financiar a los funcionarios.
Como el resto de los funcionarios públicos, las normas deben aplicarse a los de las entidades binacionales.
Es inadmisible que no exista una carrera profesional que garantice capacidad e integridad a quienes entren a ejecutar recursos que son del país.
El nepotismo, la discrecionalidad en la selección y nombramiento y la ausencia de resultados en la gestión de los recursos humanos deben ser totalmente erradicados de la gestión de estas instituciones.
El nivel de remuneraciones, así como cualquier beneficio adicional, deben estar justificados y acordes con los criterios que se manejan en el sector público nacional.
El país debe dejar de tener trabajadores de primera, segunda y tercera categorías, sobre todo porque los privilegios con que cuentan unos se consiguen a costa del bien común, restando recursos para la mayoría.
La desigualdad que se genera por el trato diferenciado en salarios no se sustenta en los mayores méritos ni capacidades, sino en un uso abusivo del poder.
La ciudadanía tiene claro que los entes binacionales y los recursos que generan son parte de un bien común que debe estar para el beneficio de todos y, como tal, cualquier decisión al respecto le afecta.
Las autoridades deberían asumir esta posición y dejar de aferrarse a un posicionamiento que le hará más daño a la debilitada institucionalidad y generará mayor malestar ciudadano, poniendo en riesgo la gobernabilidad del país.
Mantenerse en el rechazo de las demandas ciudadanas confirma la sospecha de que estos entes han sido históricamente utilizados para beneficiar a un sector particular, lo cual incluye corrupción. Cualquier resistencia al cambio será vista como una actitud para un apoyo a la impunidad ante casos de gestión ineficiente o por fuera de la ley.
Las autoridades actuales –políticas y técnicas– deben ponerse a la altura de los reclamos y dejar de resistirse. La búsqueda del bien común se está imponiendo, por lo que es mejor para todos que se alineen a este objetivo de la mejor y más rápida forma.
El país ya no aguanta más privilegios, arbitrariedades y corrupción. Salir bien de la pandemia no solo implica más políticas y más recursos, sino sobre todo la reducción del malestar social en lo que se refiere a transparencia y gestión de la cosa pública.
La ciudadanía ya no acepta migajas que dejan los privilegiados.