Para el estudiantado, es “peligrosa” dicha norma en razón de que va a contramano del reclamo del estamento que es el de “arancel cero” y que sea el Estado el que “absorba y financie” los gastos que hoy recaen sobre los alumnos. “No deberíamos legalizar (el costo para el ingreso), sino buscar la forma de conseguir recursos para poder anular ese costo al bolsillo”, señala Fernando Krug, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).
Lo más preocupante es que la ley aparece en un contexto de “desinversión progresiva” del Gobierno en el sector público. Por lo que, si se limitan los “fondos de generación propia de las unidades académicas” se allanará el camino a la “privatización” de las universidades públicas. “Se tendrá que recurrir al sector empresarial para solventar universidades”, visualiza.
Utópico. Para la Dra. Elvira Giménez, de la Dirección de Admisión de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA, sería inaplicable la ley impulsada por el diputado Dionisio Amarilla y que fuera recientemente promulgada por el presidente Horacio Cartes.
A su juicio, si se aplica un tope arancelario “a la totalidad del estudio” para ingresar a una carrera universitaria, “entonces ya no habrá educación superior en este país”, sentencia.
A su vez, entiende que la norma debe estar reglamentada para poder ser respetada.
“Si el Gobierno diera un presupuesto adecuado para la educación superior, ya no sería necesario abonar ningún arancel y menos haría falta leyes que fijen topes”, postula la docente que tiene a su cargo la incorporación este año del Curso Propedéutico de Admisión (CPA) en Medicina.
Los gastos aproximativos de ese curso de admisión, considerando el plan docente y la mejora en la infraestructura de este año, ronda los G. 3.000 millones, según la directora.
“Para mí es inviable, no es para nuestra realidad; menos si se busca calidad”, remata.