Tras tres años, operadora pagó a Conatel por licencia

El directorio de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) informó que la empresa de telefonía móvil Núcleo SA, cuya marca comercial es Personal, abonó el 15 de julio pasado la suma de USD 1.895.025,48 por la deuda que mantenía en concepto de renovación de la licencia para la explotación del servicio de telefonía móvil celular (STMC). El compromiso tenía que haber sido pagado ya en el 2012, pero la telefónica se opuso y el caso se llegó a judicializar.

  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • Print

Teresita Palacios

Personal aseguró que el pago se hizo bajo protesto y no implica la renuncia de la compañía a los derechos reclamados en el juicio “Núcleo SA c/ Res. Nº 1.605/2012 de Conatel”, el cual se encuentra tramitado ante el Tribunal de Cuentas Segunda Sala. Además, el juicio “Acción de Inconstitucionalidad promovido por la firma Núcleo SA contra la Ley Nº 4179 del 28 de marzo de 2011” se encuentra en proceso ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Por ende, la cancelación del pasivo se hizo con reserva a las resultas del juicio.

DENUNCIAS. Teresita Palacios, presidenta interina de Conatel, informó sobre este pago tras las denuncias que hicieron algunos funcionarios de la entidad, quienes aseguran que el actual directorio está concediendo privilegios a esta y otras empresas y no está ejerciendo su rol de regulador. Añadieron que a pesar de esa deuda, a Personal todavía se le permitía operar y también seguir solicitando radioenlaces de microondas.

Los denunciantes señalaron que la Conatel no estaba emitiendo autorizaciones precarias (procedimiento abreviado) para microondas, por lo que no estaba cobrando y sin embargo las telefónicas podían seguir operando.

Como ejemplo, indicaron que Personal tenía, a diciembre de 2014, 530 enlaces solicitados, lo que significaba un total de 112 expedientes en trámites y la Conatel nunca daba la autorización porque señalaba que primero se tenía que resolver el juicio con la operadora, pero la empresa ya utilizaba los enlaces. Los reclamantes señalaron que esta displicencia significó dejar de cobrar G. 3.220.170.469 y es un perjuicio para el Estado, por lo que se trataría de lesión de confianza.

Palacios desmintió las acusaciones y aseguró que las autorizaciones precarias incluso se están dando en forma más ágil que en anteriores administraciones y que todos los cobros están al día.

  • Facebook
  • Twitter
  • Email
  • Print
Más contenido de esta sección