Además fijó para los días 13 y 14 de setiembre la audiencia de imposición de medidas.
La fiscala Yolanda Portillo imputó por la comisión del delito de lesión de confianza.
En la primera fecha deberán presentarse Camilo Aníbal Recalde, principal sospechoso como autor del hecho. El mismo estaba encargado del SAT (Servicio de Asistencia Técnica), y fue quien recibió G. 16.750.242.827 para la construcción de 321 viviendas que nunca se entregaron.
También deberán comparecer Hugo César Acevedo, dueño de la constructora AREA y Luciano Barreto, propietario de la constructora SISA.
Además, Carol Patricia Turrini, presidenta de la Cooperativa Mi Casita y Carlos Valenzuela, miembro de la mencionada entidad, quienes tomaron la póliza de seguros, a pesar de que no tenían nada que ver con el proyecto.
En tanto el 14 de setiembre se le impondrán medidas a los funcionarios administrativos de la Senavitat.
Se trata del ex ministro José Hugo Núñez Alvarenga y los funcionarios administrativos Rocio Rodríguez, Rodolfo Osmar Lovera; Mario Pairet, Rufino González.
Según menciona la imputación, Recalde recibió como anticipo financiero G. 16.750.242.827, en diez y ocho cheques, pero según la pericia de avalúo realizado por la Senavitat se realizaron obras por el monto de G. 4.214.597.739, por lo que el monto de perjuicio es de G. 12.535.645.088.