Quien mostró mayor repudio a los bancos fue la senadora Desirée Masi. Planteó olvidar completamente a este sector “que no quiere y no va a ayudar” y en contrapartida lanzó la posibilidad de apoyar más al Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), al Banco Nacional de Fomento (BNF) y a la Agencia Financiera de Desarrollo.
El colorado Enrique Riera coincidió en apostar al sector público, pero no hizo muchas críticas hacia la banca privada. Dijo que por lo menos habría que dotar de USD 30 millones para el CAH y el Fondo Ganadero, que con la ley de reactivación recibirían USD 20 y USD 10 millones, respectivamente.
Las autoridades de estas entidades expresaron que las ideas de ambos legisladores contribuirían a ampliar la cartera de clientes, pero aclararon que otro obstáculo es la capacidad operativa, principalmente por la limitación presupuestaria que impide recurrir a mayor tecnología y recursos humanos para ejecutar los fondos. El presidente del BNF, Carlos Florentín, incluso advirtió sobre el alto riesgo que representaría un repentino otorgamiento masivo de créditos para el patrimonio de la institución. Al respecto mencionó que esto se está haciendo, solo que no al ritmo acelerado que espera el Congreso.
Banca privada. Por su parte, el titular de la Asociación de Bancos del Paraguay, Raúl Vera, negó que el sector se resista a dar préstamos a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) a través del Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) y mencionó que el 60% de las operaciones realizadas mediante este instrumento estuvieron a cargo del sector privado.
Asimismo, aprovechó la oportunidad para pedir más recursos para Fogapy y así dar mayor cobertura a mipymes, pero también a grandes empresas, que son sus principales clientes.