Los nativos se localizaban en el establecimiento agropecuario Ruroka SA, en donde aparentemente trabajaban en la fabricación de carbón vegetal, presuntamente en forma infrahumana y sin las condiciones óptimas.
La fiscala contra la Trata de Personas, Teresa Martínez, hizo la presentación. “De 35, al menos 7 eran menores de edad, de los cuales 4 estaban obligados a trabajar en el horno de una carbonería, un lugar altamente peligroso para un niño. Estaban deshidratados y con heridas en las manos por el trabajo”, comentó la representante del Ministerio Público.
Los indígenas no tuvieron otra opción que salir de sus comunidades (Curuguaty, Caaguazú y Salto del Guairá) tras la “buena” propuesta de los estancieros; promesas que no se cumplieron en ningún momento, ni siquiera con el pago del salario que les correspondía, informó la representante del Ministerio Público.
Según Martínez, este es el caso más preocupante de esclavitud de los últimos tiempos, debido a la forma del reclutamiento que aplican.
El traslado de los nativos del lugar contó con la colaboración de las Fuerzas Armadas de la Nación, que puso a disposición dos camiones de gran porte.
La denuncia fue formulada ante la Fiscalía por facilitadores judiciales.