Con el embate del Covid-19 la ciudadanía ha sentido el impacto pleno de la escasez y mala calidad de los servicios públicos fundamentales, además de la inexistencia de la más mínima red de seguridad social. Ni hablemos de la calidad de la educación, cuyos resultados son pésimos. Los servicios de justicia con una inaceptable e inescrupulosa intervención política instrumentándola para proteger redes de actividades ilícitas y de corrupción como pudimos ver en recientes juicios orales. El Estado tiene miles de funcionarios con excelentes remuneraciones, pero los servicios públicos no funcionan. Las únicas leyes que son aprobadas por amplia mayoría son aquellas que amplían los beneficios a los funcionarios públicos.
Hay una desconexión entre la demanda de la ciudadanía que necesita más y mejor calidad de los servicios públicos y la producción de estos servicios por parte de entidades públicas que tienen gente sin el perfil adecuado, poco calificada y de alto costo en términos de remuneraciones; no incorporan las nuevas tecnologías disponibles, son ineficientes y burocráticos para acceder a los servicios, etc. Los administradores estatales piden más recursos cada año y los contribuyentes no están dispuestos a pagar más impuestos para replicar este mismo modelo, porque solo incrementaría el costo de un servicio de mala calidad. Además, las finanzas públicas están debilitadas como resultado de los recursos extraordinarios utilizados para enfrentar la pandemia, con un déficit fiscal aún muy superior al tope fijado en la ley de responsabilidad fiscal y los márgenes de endeudamiento público prudente se han agotado en consecuencia. Por lo tanto, cualquier incremento en gasto público para mejorar los servicios requerirán de un aumento en la presión tributaria para preservar la sostenibilidad de las finanzas del Estado.
Por lo tanto, es importante que los políticos, quienes están iniciando la campaña electoral para las próximas elecciones generales, comprendan la realidad y encaren estos problemas con responsabilidad a través de programas de reformas que mejoren la eficiencia en el uso de los recursos públicos. En este sentido, hay reformas legales de carácter transversal, algunas ya están en el Congreso como la de compras públicas que tiene media sanción y la modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, y otras que no fueron enviadas al Congreso, pero están avanzadas en su elaboración, como la nueva ley del servicio civil, la regulación de los fondos jubilatorios y creación de la Superintendencia de Jubilaciones y la urgente ley de reforma de la caja fiscal que está absolutamente quebrada. Otras reformas son de carácter estructural, que incorporan un rediseño en la prestación de los servicios y sus esquemas de financiamiento, como la reforma del sistema de salud, el proyecto de transformación educativa, la reestructuración de ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo, entre las principales.
Un mayor avance en el crecimiento económico, en la competitividad de la economía, en la inversión productiva con la creación de puestos de trabajo con mejores remuneraciones, en la calidad de vida de los ciudadanos, en la reducción de la pobreza y la indigencia, etc., están enfrentando la barrera de la escasez, la ineficiencia y la mala calidad de los servicios públicos que son fundamentales y difíciles o muy costosos de reemplazar por una provisión privada de los mismos. Reformas adecuadas que mejoren la cobertura y la calidad de los servicios estatales nos posibilitará un nuevo periodo de expansión económica y de mayor bienestar para todos los paraguayos. Encarémoslo con convicción.