La Semana Santa es un tiempo propicio para la reflexión por lo que sus días representan para la historia de la humanidad. En nuestro país, en medio de las tradiciones vigentes, suele implicar una introspección personal para hacer verdad el mensaje pascual: un paso de la vida vieja a la nueva.
Este año, dada la coyuntura política que vivimos con la ambición de poder desmedida de sectores cegados y fanatizados por la impronta de permanecer en el poder o acceder de nuevo a él, es necesario mirar con serenidad y madurez cuál es el rol de la política en una democracia que aspira a satisfacer las demandas de mayor bienestar de la población.
Toda política bien intencionada aspira a construir el bien común. Ello supone dar entera preeminencia a políticas públicas que satisfagan las necesidades de salud, educación, seguridad, trabajo, infraestructura vial, vivienda y otros bienes sociales que atañen a respuestas eficaces para las personas, sobre todo a la mayoría más desamparada.
El desarrollo de esas grandes líneas de acción se lleva a cabo en el marco del gran pacto social que se llama Constitución Nacional, de la que emana el ordenamiento legal de la República. Cualquier acción que implique forzar su interpretación desde la perspectiva de ambiciones personales y lleve, en consecuencia, a pervertir el respeto a las normas, cae dentro de lo inconcebible.
Al ser los parlamentarios los legisladores, son los primeros que deben cumplir las normas. Es inadmisible que escriban con las manos si después borran con el codo lo que han puesto como reglas de juego para la ciudadanía en general.
En la actual coyuntura política se observa que un grupo del Partido Colorado que está en el Gobierno; otro del Frente Guasu, con representación parlamentaria, y una fracción del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) han hecho trizas de los principios de la racionalidad al violar la Constitución, las leyes y los reglamentos de funcionamiento de la Cámara de Senadores.
Esa violencia implícita, al imponer criterios de una mayoría –que no comprende que sus actos son legítimos si se encuadran en un ordenamiento jurídico, sin que la mera posesión de números favorables sea una razón para obrar como aplanadora–, ha originado situaciones que afectan radicalmente la convivencia civilizada. El incendio del Congreso y el asesinato de un militante del PLRA son sus inmediatas consecuencias nefastas.
Ante esta realidad, es necesario que esta Semana Santa sirva para reflexionar sobre lo que está sucediendo. Las posturas irracionales deben ceder paso a la racionalidad dentro del ordenamiento legal del país, teniendo como norte el interés superior de la patria. La convivencia entre paraguayos no puede seguir siendo avasallada por quienes han abierto el camino de la discordia al violar las leyes.