Ratifican condena para ex jueza, por estafa

El Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, ratificó la condena de 3 años y seis meses de prisión a la ex jueza de Paz del distrito de San Roque, Ana María Rodríguez, por una estafa de G. 411.445.553, con cobros de remanentes de 934 cheques de juicios ejecutivos.

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Ana María Rodríguez

Los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos y Anselmo Aveiro decidieron confirmar la resolución del Tribunal de Sentencia integrado por los magistrados Víctor Alfieri, María Luz Martínez y Elio Ovelar alegando que se demostró que la jueza de Paz firmó los cheques.

También añadieron que Rodríguez sabía perfectamente lo que estaba haciendo, por tal motivo concluyeron que el tipo penal de estafa se dio en todos sus elementos.

El fiscal Igor Cáceres solicitó que se confirme la sentencia. En tanto el abogado defensor Alfredo Delgado pidió la absolución de reproche y pena para la jueza.

el caso. El caso data del 2009, cuando la misma Corte Suprema Justicia denunció que presuntamente Rodríguez, quien estaba a cargo del Juzgado de Paz de San Roque de Asunción, intervino para conceder 934 pagos de cheques judiciales a la abogada Selva Báez, a pesar de que la profesional no era parte de ninguno de los procesos en cuestión.

La acusación presentada por la Fiscalía Anticorrupción indicó que hubo un perjuicio de más de 400 millones de guaraníes.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) suspendió a Rodríguez.

Por tal motivo, la condenada había realizado una huelga de hambre frente al JEM, de modo a que levanten la suspensión que pesaba sobre ella.

Por otra parte, la abogada Myriam Selva Pérez Villalba y la actuaria judicial Liza Montserrat Montero Knoop fueron imputadas por la comisión de hecho punible de estafa.

Sin embargo, ambas fueron beneficiadas con la suspensión condicional de procedimiento, ya que ambas admitieron el hecho y decidieron reparar el daño ocasionado.

otra condena. La ex jueza de Lambaré, Nunila Recalde, fue condenada a 9 años de cárcel, luego le redujeron la pena a 7 años, por recibir una coima de G. 10 millones para liberar a un recluso.

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