La Fiscalía General del Estado presentó la semana pasada una propuesta de incrementar G. 149.204 millones el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Ministerio Público para el Ejercicio Fiscal 2022. Solo de este aumento, el 73% es para servicios personales, es decir, para salarios y para la creación de 393 nuevos cargos.
Según había explicado Expidio Palacios, director de Administración y Finanzas del Ministerio Público, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto, de ese 149.204 millones, G. 109.509 millones es para sueldos (con un aumento del 10% para todos aquellos que ganan menos de G. 10 millones).
Hacienda presupuestó en total G. 638.916.177.458 para la Fiscalía, mientras que esta institución propuso que suba a G. 788.121.086.954.
“El Ministerio Público pretende alrededor de 150.000 millones más de lo que propone Hacienda. Estamos ante un incremento de más de USD 20 millones, es decir, casi 25% más de lo que actualmente cuentan”, analizó la abogada Diana Vargas.
Citó, sin embargo, que si se observa que sus gastos no personales van disminuyendo, “es porque cada vez destinan mayores fondos a financiar el nivel 100 (salarios)”, reclamó.
Añadió que “si tenemos en cuenta el pedido total de la Fiscalía, el incremento en los niveles de servicios personales representa alrededor del 70% de su pedido”.
MÁS RECURSOS PARA COMBATE. La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, expuso ante la comisión el panorama actual del Ministerio Público, “con escasos recursos” para enfrentar el incremento de la delincuencia transnacional y del crimen organizado.
“Mientras nosotros venimos a rogar por fortalecer el Ministerio Público, a pedir por hojas, bolígrafos y tintas, el crimen organizado cuenta con todos los recursos: armas, municiones, vehículos y tecnología de primera”, apuntó Quiñónez.
Por su parte, Vargas explicó que “la Fiscalía refiere un incremento de delitos comunes y el aumento del crimen organizado con armas de guerra y dinero negro. Mínimamente, se debería de referir con mayor precisión, de tal forma a diseñar e implementar la política criminal con base en evidencia”, indicó.
Analizó, además, que según el reporte de la Dirección de Estadísticas del Poder Judicial, en realidad, hay una reducción de casi el 10% de cantidad de causas entre el año pasado y el 2021, por lo que dijo que no se entiende el aumento de delitos al que se refirió la fiscala general.
“En el 2020, se reportaron 188.000 causas penales, que da un promedio de más de 15.600 causas, por mes, en todo el país. Mientras que en este año, al cierre de agosto, se reportaron 111.603 causas, que da un promedio de 13.950 causas por mes, que representa una reducción de casi el 10%”, citó.
Dijo que los hechos que sí aumentaron son la violencia familiar y contra la niñez, pero cuestionó que no se visualiza en su presentación cómo serán fortalecidos esos fueros.
“Resulta que únicamente existen 9 fiscales de la Niñez exclusivos, sumados a los 31 multifueros que también intervienen en Niñez, totalizando 40. En cambio, existen 118 defensores de la Niñez y la Adolescencia”, sostuvo Vargas. El hecho punible más frecuente –según su propio informe de gestión– fue la violencia familiar –aseveró–. “¿Cuánto se invierte en ellas y cuánto pretende incrementar? Casi nada”, lamentó.
Por otra parte, apuntó que el crimen organizado sirve para pedir más recursos, “pero el número de causas es insignificante”, dijo.
CUESTIONAMIENTOS. Otra evaluación que realizó la abogada es que la Fiscalía es la única institución que no tuvo recortes en la emergencia sanitaria. “Ni en pandemia se afecta el presupuesto del Ministerio Público. El Congreso, Presidencia, Aduanas, todos hicieron recortes”, finalizó.
109.509 millones de guaraníes de los G. 149.204 millones se pidió para servicios personales, es decir, salarios.