Más allá de las distintas interpretaciones políticas sobre la incursión de agencias extranjeras en el sistema jurídico y político paraguayo por disposición directa del Poder Ejecutivo, el hecho de que se acuda al apoyo exterior para investigar delitos graves en territorio paraguayo revela la incapacidad o la poca acción que se ha podido emprender a nivel local para avanzar con recursos propios en estos campos.
Uno de los puntos cuestionables es que, a pesar de que son actividades delictivas que se vienen practicando desde hace larga data en el país, las autoridades judiciales, legislativas y del Ejecutivo demuestren intención de avanzar en la lucha contra el lavado de dinero y su conexión con el narcotráfico recién ante la amenaza de que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), tras examinar las acciones emprendidas en el Paraguay, podría aparejar que pueda figurar nuevamente en la lista gris de países de riesgo, lo cual traería consecuencias funestas para la economía.
Además de aprobar una serie de proyectos de leyes para facilitar un mayor control sobre las operaciones financieras, el Paraguay necesita mostrar mejores resultados y es allí donde existen severas falencias, como no haber acompañado los resultados de investigaciones de la Justicia brasileña sobre el Operativo Lava Jato y el caso del Doleiro dos Doleiros, Darío Messer, que estuvo oculto y protegido por varios meses en nuestro país, con la presunción de que las máximas autoridades del anterior gobierno lo hayan ayudado a mantenerse prófugo de la ley, como a rescatar sus activos.
Resulta llamativo que recién ayer la Fiscalía haya procedido a allanar algunas casas de cambio en Asunción y Ciudad del Este, a pesar de que las mismas vienen siendo involucradas en operaciones de lavado por los investigadores brasileños desde hace años y más concretamente en el expediente del Operativo Patrón-Lava Jato, dado a conocer hace más de un mes, cuando un juez de Río de Janeiro dictó ordenes de prisión contra varias personas de nacionalidad paraguaya o residentes en el Paraguay. La excesiva demora de los fiscales paraguayos en reaccionar ante tan graves indicios ayuda muy poco a hacer creíble la lucha contra el lavado y más bien sugiere actitudes de encubrimiento o de ayudar a algunos de los involucrados por su gran influencia política y económica.
En ese contexto, la cooperación de agentes del FBI puede resultar beneficiosa. Habrá que demostrar más agilidad e independencia de los intereses políticos si se quiere mostrar buenos resultados.