El Índice Global de Crimen Organizado (The Global Organized Crime Index), una organización que evalúa los niveles de delincuencia en el mundo, coloca a Paraguay segundo en América del Sur, con el porcentaje más alto de criminalidad, por debajo de Brasil; 4° de los 35 países de América Latina y 16 entre los 193 países del mundo.
La evaluación del nivel de criminalidad dio un puntaje de 6,70 de 10 a nuestro país, por debajo de Colombia que obtuvo 7,67.
El informe está realizado por 350 expertos de todo el mundo y es financiado por el Gobierno de los Estados Unidos. Los informes fueron publicados ayer en la página www.ocindex.net.
El narcotráfico, contrabando y trata de personas, según el estudio, son algunos de los crímenes que se posicionaron en el país e hicieron que merezca la alta calificación en los niveles de influencia del crimen organizado.
“El cannabis sigue siendo la economía criminal más importante de Paraguay, que es el principal productor de marihuana de la región. El mercado está dirigido por élites locales con el apoyo de actores estatales en todos los niveles, aunque estructuras de estilo mafioso extranjero, como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) de Brasil, también han ampliado su control en esta área , con informes de comunidades indígenas que les alquilan tierras para cultivar el cultivo ilegal”, señalan en el informe.
CONTRABANDO. En otra parte del documento, también se habla de la influencia del contrabando, otro de los negocios ilegales que posibilitó la construcción de grandes imperios en el país.
Mencionan, además el alto índice de corrupción del Gobierno, que da pie a otros flagelos como el tráfico de armas para uso de facciones criminales. “El comercio ilícito de armas del país sigue siendo uno de los más grandes del mundo, como resultado de leyes de importación laxas, corrupción generalizada en varios niveles del gobierno, el sector privado y el Ejército, la falta de un sistema de registros apropiado y la influencia de poderosos criminales”, afirman agregando que funcionarios estatales de todos los niveles participan activamente en todos los mercados delictivos.