El Comité de Seguimiento por la Participación Indígena que aglutina a miembros de varias organizaciones indígenas manifestó su respaldo a la jueza de , Eresmilda Román Paiva, enjuiciada por el por supuesto mal desempeño en sus funciones.
A través de un comunicado, el comité integrado por la Red de Promotores Jurídicos Indígenas del Paraguay, Asociación de Comunidades Ache, Kuña Guaraní Aty, Clich, Onai, Articulación Nacional Indígena, Mesa de Articulación Indígena del Paraguay (MAIPY), Organización Mainumby, se hizo eco del pedido de remoción de la magistrada por parte del sojero João Romeu Meurer, patrocinado por el ex contralor Nelson Mora.
“Expresamos nuestro total apoyo a la jueza que está pasando por una difícil situación a causa de realizar su deber como magistrada”, manifestaron.
Recalcaron que “Art. 247 de la Constitución Nacional establece que el Poder Judicial es el custodio de la Constitución. La interpreta, la cumple y la hace cumplir. La administración de Justicia está a cargo del Poder Judicial, ejercido por la Corte Suprema de Justicia, por lo tribunales y por los juzgados”.
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Asimismo, señalaron que Art. 148 de la Carta Magna garantiza la independencia del Poder Judicial y el Art. 164 garantiza que las tierras indígenas son inembargables, indivisibles, intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones contractuales, ni de ser arrendadas.
Por lo que argumentaron que el arrendamiento de tierras constituye una nulidad de pleno derecho y una violación de los principios constitucionales.
“Repudiamos y rechazamos lo que está sucediendo con la jueza Eresmilda Román Paiva, que por este caso es llevada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Esto es una clara persecución política-económica por la correcta aplicación de los derechos que nos protegen como Pueblos Indígenas”, alegaron.
Lamentaron que esta situación refleje claramente la falta de independencia del Poder Judicial que se encuentra “sometido a los políticos de turno”.
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Finalmente, el comité exige al Estado paraguayo a través de sus poderes garantizar el Estado de Derecho y no ser cómplices de violaciones de principios constitucionales.
Se trata de un caso registrado en el año 2015 en la comunidad Paso Cadena del distrito de Itakyry. Un cacique identificado como Gabino Vera Benítez recurrió con un juicio de amparo constitucional contra brasiguayos que supuestamente amenazaban con entrar en forma violenta a la comunidad para cosechar los frutos de la , cuya propiedad reclamaba.
El caso terminó con la anulación de un contrato basándose en un principio constitucional que prohíbe el alquiler de las tierras del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).