El ministro del Interior, Euclides Acevedo, reconoció que existe “un aumento geométrico de los delitos” y que la oleada de violencia y criminalidad no solamente es una percepción de los medios periodísticos, sino que es un reclamo expresado por muchas autoridades de gobernaciones y municipios, como por sectores de la propia ciudadanía.
Lo llamativo es que varios de los actos delictivos son cometidos por personas que no poseen antecedentes policiales o judiciales, sino principalmente por quienes reconocen que han incurrido en estas acciones fuera de la ley forzados por la necesidad, ya que han perdido sus trabajos o sus fuentes de ingreso debido a las restricciones impuestas ante la pandemia del coronavirus y no han podido acceder a los programas de asistencia social, o les han resultado insuficientes para garantizar la subsistencia.
La problemática se vuelve aún mayor en localidades en donde el comercio dependiente de compradores llegados desde el Brasil o la Argentina se ha reducido prácticamente a cero, con el prolongado cierre de las fronteras. Aunque no existen estudios pormenorizados que permitan sostener con datos estadísticos cuánto incide esta situación en la oleada de crímenes y en el aumento de la inseguridad ciudadana, existen casos puntuales informados en la prensa que sí posibilitan concluir que la crisis provocada por la pandemia del coronavirus es un elemento importante.
Hasta ahora, la Policía se ha mostrado incapaz en poder hacer frente con eficacia a la oleada de robos y asaltos, al igual que los demás integrantes de las fuerzas de seguridad y del sistema de Justicia.
La situación se vuelve aún más compleja con la reciente aprobación en el Congreso del proyecto de ley “Que establece medidas excepcionales en la aplicación de medidas cautelares de carácter personal y en la ejecución de sanciones penales en el marco del estado de emergencia sanitaria ante el riesgo de expansión del Covid-19 o coronavirus”, que de ser promulgada por el Ejecutivo permitirá la libertad condicional de unos 1.700 presos de las cárceles del país.
Si bien se busca beneficiar a quienes estén recluidos por la comisión de hechos punibles no violentos, no vinculados con hechos punibles cometidos contra la vida, la autonomía sexual, indemnidad sexual de menores de edad, violencia doméstica o violencia familiar o hechos punibles cometidos contra las mujeres por su condición de tales o grupos en situación de vulnerabilidad, entre otros, el temor de la ciudadanía es que un gran número de presos fuera de prisión aumente aún más la situación de inseguridad.
Ante este preocupante panorama, a la par de mejorar la cobertura policial y avanzar en programas de seguridad ciudadana con participación vecinal, es necesario redoblar los esfuerzos en los programas de asistencia social que ayuden a la recuperación de oportunidades laborales y a la conquista de condiciones para una vida más digna.