El crudo recuento del impacto en nuestras vidas se observa en la economía, donde ya se suman en miles de empresas cerradas y en centenares de miles los puestos de trabajo perdidos, pero increíblemente siguen realizando negociados con los insumos, no dejando otra opción al Ministerio de Salud que rechazar los pedidos sistemáticamente, condenándonos, por ende, a continuar en cuarentena, viviendo un suplicio que pareciera no tener posibilidad de terminar.
Hasta ahora, los bajos indicadores en cuanto a cantidad de personas afectadas y fallecidos nos permiten dar gracias a Dios, a la vez de obligarnos a reconocer que han sido acertadas las decisiones de las autoridades. El problema radica en que no se puede pretender que vivamos aislados en una burbuja, mientras no hay avances concretos y notorios en la infraestructura de salud que permita atender a los pacientes, pues obviamente aumentarán los casos apenas regresemos a las actividades y a la convivencia social “normal”.
Hay familias pasando hambre, se ha golpeado fuertemente la calidad de vida de las familias trabajadoras, se está perdiendo el año escolar (retrasando la incorporación de miles de jóvenes a la fuerza laboral). Se estima que las empresas tardarán entre 18 a 72 meses en encontrar su nuevo punto de equilibrio, mientras el Estado agiganta la deuda que pesará sobre cada uno de nosotros para poder mantener el pago de salarios del sector público.
Considero que estamos ante una trampa injusta, desequilibrada y altamente peligrosa para la estabilidad social. El sector gastronómico ha sido el primero en rebelarse y me temo que se sumarán otros muchos sectores, aunque se deban exponer a ser imputados. Sin embargo, no puedo negar que siento gran empatía por ellos. Cuando señalan: 140.000 puestos de trabajo, no podemos evaluar un número, son personas y sus familias que tienen derecho a trabajar para tener un ingreso digno y decente.
Surgen demasiadas preguntas y no recibimos respuestas éticas y coherentes ¿Por qué podemos sesionar con ministros, senadores y diputados sentándonos silla de por medio y con barbijos como protección suficiente, pero no pueden dar clases las universidades e institutos? ¿Por qué en algunos rubros pueden trabajar con cuadrillas y cuidados adecuados, pero no podemos seguir el mismo protocolo para el resto de los sectores?
No tengo la capacidad de mantener la calma cuando públicamente se pasean corruptos (sean seudopolíticos o seudoempresarios, solo son criminales comunes, no hace falta ponerles otro rótulo) que se rifan nuestro presente y futuro. No es suficiente aceptar renuncias ni rescindir contratos, eso es lo mínimo que deben hacer. Se trata de criminales que deben ir presos y pagar el enorme daño que nos hacen a 7 millones de habitantes.